La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su recomendación 5/2016, exhortó a las autoridades capitalinas a cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos frente a abusos de particulares.

 

La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, se refirió a la detención ilegal de cinco empleados bancarios de Guanajuato, Jesús Adrián Negrete Alamilla, Carla Marisol Coronel Ríos, Brenda Carolina Orozco, José Daniel Ramírez Ramírez y María del Refugio Alamilla Alfaro, traídos a la ciudad con engaños de sus empleadores

 

Al dar a conocer dicha recomendación, explicó que esas personas fueron víctimas de detención ilegal, al ser traídas “bajo engaños desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, por una empresa bancaria para la cual trabajan”, e iniciar en su contra la persecución del delito de robo.

 

Al investigar el caso, la CDHDF concluyó que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México violaron los derechos de libertad, debido proceso, integridad, protección a la familia y acceso a la justicia de esas personas.

 

Además, recordó que a unos días de la implementación total del Sistema Penal Acusatorio, es indispensable que las autoridades involucradas tengan conocimiento del procedimiento a seguir y que respeten sus derechos humanos.

 

La comisión “hace notar la forma en la que la empresa actuó en este caso, en razón de haber trasladado a los agraviados a una entidad distinta, lo cual los colocó en situación de particular vulnerabilidad”.

 

Además, indicó que “ante el poder que ostentan algunos sectores de particulares, se ha puesto de manifiesto que los derechos fundamentales se encuentran expuestos no solo ante el poder del Estado, sino también ante la acción no controlada de los particulares”.

 

La recomendación 5/2016 hace énfasis en solicitar a las autoridades que velen por el respeto a los derechos humanos de los particulares, y pide a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia capitalinas, que investigue y determine la responsabilidad de los funcionarios de cada una que participaron en estos hechos.

 

Asimismo, pide la reparación del daño a los agraviados, e implementar programas internos de educación en derechos humanos y realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad.

 

La CDHDF recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública, cumplir el Protocolo para la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio y a la Procuraduría modificar el acuerdo A/009/2014 para agilizar el control dentro de la dependencia.

 

Además, al Tribunal Superior de Justicia le recomendó establecer procedimientos de coordinación para el traslado de personas imputadas de delitos que deban ser puestos a disposición de una autoridad fuera de la Ciudad de México.

 

También, el diseño de un programa de educación en derechos humanos para el control de las detenciones.