El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la denominada Miscelánea Penal que incluye reformas a 10 ordenamientos legales para armonizar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral y Adversarial que entrarán en vigor el próximo 18 de junio en todo el país.

 

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, explicó que con las reformas aprobadas se otorgará certeza jurídica en todo momento.

 

“Uno de los grandes avances en el tema de certeza jurídica es que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después de la emisión de la misma, con independencia de que sea una sentencia condenatoria o absolutoria”, detalló.

 

Además, habrá una defensoría pública adecuada. Es decir, que la institución de la defensoría pública realizará el nombramiento del abogado defensor que esté debidamente capacitado para la función que va a desempeñar, de este modo, las victimas tendrán un defensor.

 

En cuanto a las resoluciones se busca que las que sean emitidas por el juez serán resueltas con un máximo de 24 horas, bien en audiencia o bien a través del sistema informático.

 

Y brindará igualdad para las partes. “Con la finalidad de dotar de mayor certeza jurídica a las partes intervinientes en el procedimiento penal para realizar los ajustes necesarios y así contar con un sistema de justicia que verdaderamente esclarezca los hechos, otorgue la mayor protección al inocente, repare el daño a las víctimas y, algo muy importante, que el culpable no quede impune”.

 

Durante la discusión del dictamen, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Carlos Puente, explicó que el proceso legislativo del dictamen inició en en noviembre del año 2014 con la iniciativa presentada por la entonces senadora Arely Gómez, Procuradora General de Justicia y el actual Presidente de la Mesa Directiva Senador Roberto Gil Zuart.

 

Destacó que el documento aprobado es resultado de arduo trabajo de senadoras y senadores, de losequipos técnicos, de las organizaciones de la sociedad civil como “Alto al Secuestro” y “RENACE”, y autoridades como la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Y lo que busca es proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, son el objeto del proceso penal que se organiza con base en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

 

La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, consideró que de nada sirven las mejoras que se hacen a las leyes si la autoridad no las respeta, “si por ejemplo, detiene arbitrariamente y encarcela a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de nueva cuenta vemos que se hace uso sesgado y político de la justicia; la utilización de las instituciones con fines políticos que ha dañado severamente a todo nuestro sistema de justicia”.

 

Y demandó que el gobierno lleva una cuenta en este sexenio de tres maestros muertos en las protestas, ocho líderes presos en penales de alta seguridad, centenares de golpeados y un sin número de actos represivos en contra del magisterio.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, reconoció que  el tránsito de esta Reforma, no será fácil, “no ha sido fácil en estos años, y la propia entrada en vigor de este nuevo sistema no garantiza que transitemos prácticamente de facto al nuevo sistema, vamos a tener que convivir algunos años todavía en esta conciliación del viejo sistema con el nuevo sistema, peor siempre estaremos atentos a la revisión”.

 

La senadora independiente, Martha Tagle, explicó que entre las modificaciones aprobadas están las las reglas para la operación de los criterios de oportunidad, a fin de que se genere mayor eficacia en la persecución de delitos graves.

 

“Se precisa que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a las limitaciones establecidas en este mismo ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables”.

 

Además, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal, con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

 

En tanto, en el tema de la medida excepcional de localización geográfica, se prevé la ratificación inmediata por parte del juez de control en tiempo real, previo informe del Ministerio Público.

 

Y se establece que las intervenciones de comunicaciones privadas abarcan todo sistema de comunicación o programa, producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención deberá tenerse autorización judicial.

 

Mientras que el senador del PRI, Miguel Romo, destacó que las reformas aprobadas, garantizan el interés superior de la niñez. “Establecimos mecanismos necesarios para agilizar y dar celeridad a los procedimientos, donde los menores se encuentren involucrados como víctimas”.

 

En estos momentos se lleva a cabo la discusión en lo particular de las reservas presentadas por diversos senadores sobre artículos específicos. Una vez aprobado en lo particular, las reformas serán enviadas a la Cámara de Diputados para su aprobación.

 

TPC