Al pulso gobierno-magisterio le restan muchos capítulos.
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La administración de Enrique Peña está decidida a aplicar la reforma educativa y ello supone necesariamente la aniquilación del movimiento opositor, reforzado en fechas recientes.
El paso indispensable es descabezar a la CNTE, como se vio el fin de semana con la detención de los dirigentes de la Sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos.
En la esfera oficial hay optimismo.
Según sus datos, 90% de los maestros dan clases con regularidad en la entidad, cifra inconcebible antes de reasumir la administración del Instituto rector estatal.
En consecuencia, las movilizaciones, con la virulencia conocida, son alimentadas por sólo una décima parte de los 70 mil mentores con registro.
Si los datos son ciertos, la SEP de Aurelio Nuño debe prepararse para despedir al menos a siete mil sindicalizados en la entidad.
Para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el problema será contener a quienes están decididos a incendiar Oaxaca como en 2006 y, por qué no, la Ciudad de México.
Una pista peligrosa: la guerrilla
El problema no es nada más laboral o político.
La federación se encamina a la disyuntiva de ahondar la investigación sobre la participación de la guerrilla –desde el ERPI hasta sus múltiples escisiones– en la estrategia y en el financiamiento.
Elementos hay.
Datos de inteligencia tienen nombres de maestros con la doble actividad de docentes y rebeldes armados.
Otra pista pública surgió con la detención in fraganti de 12 secuestradores de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente del CCE.
Lejos de distanciarse, la Sección 22 parece interesada en confirmar esa relación con consignas de “¡Muerte al Estado! Murat seremos tu peor peso” y amenazas de “Vamos a quemarlos vivos”, escritas lunes y martes en la sede del sector popular tricolor.
Outsourcings y nóminas oficiales
Al margen de esa línea de investigación hay otras.
¿Quién proporcionó los recursos públicos sin control alguno a la Sección 22 para el lavado de dinero del cual se acusa a Rubén Núñez y Francisco Villalobos?
Las pistas abiertas hasta el momento conducen hacia varias empresas, pero también hacia altos funcionarios de los gobiernos estatal y municipal en contubernio con empresas de outsourcing.
Como no hay pruebas finales, omitiremos por ahora los nombres de esos empresarios y funcionarios bajo sospecha, aunque sí daremos algunos datos:
En la exacción del erario participan por igual dirigentes del SNTE y la CNTE, supuestamente antagónicos desde hace al menos 35 años, pero con actividades similares.
El lavado de dinero incluiría las nóminas del gobierno de Gabino Cué, emanado de Movimiento Ciudadano y llegado al poder al amparo del PAN, del PRD y otras siglas políticas de alquiler.
Y como la corrupción no entiende colores políticos, se investiga también la administración de Javier Villicaña, el alcalde saliente priista de Oaxaca.
Corrupción generalizada en un estado podrido y sin gobierno, como se ve.