La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 416 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se crea, con ello, la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

 

El documento forma parte del paquete que expide y reforma siete leyes secundarias relacionadas con el sistema nacional anticorrupción, de las cuales cinco tuvieron su origen en el Senado y dos en la Cámara de Diputados; el texto fue turnado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

 

Con la reforma a los artículos 9, 10, 13, 21 y 80 de la ley de la Procuraduría General de la República (PGR) y adiciona los preceptos 10 Bis, 10 Ter y 10 Quáter, se da certeza jurídica a la creación y el funcionamiento de la fiscalía especializada.

 

Esa fiscalía, cuya conformación está mandatada en el artículo 122 de la Constitución, será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

 

Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

 

Su titular presentará anualmente y de manera pública al procurador general de la República un informe estadístico sobre las actividades sustantivas y sus resultados, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

 

Dicho informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la República.

 

Entre las atribuciones que tendrá esa instancia se encuentran las que leyes, reglamentos, Constitución y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a hechos relacionados con actos de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la PGR.

 

Además podrá participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con atención a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución y en la ley general correspondiente.

 

Deberá diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir esos hechos, así como planes y programas destinados a detectar la comisión de sucesos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, en el ámbito de su competencia; estos últimos deberán ser aprobados por quien sea titular de la procuraduría general.

 

La fiscalía también habrá de diseñar, integrar y aplicar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la PGR, así como conducir indagatorias para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a esos hechos.

 

También promoverá la extinción de dominio de los bienes de imputados, sentenciados o aquellos que se conduzcan como dueños, dueños beneficiarios o beneficiarios controladores, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible a esas personas.

 

Al fundamentar el dictamen elaborado de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa afirmó que contra la corrupción estamos todos juntos en un solo partido: el partido de México.

 

“Hoy en día el éxito de las acciones de gobierno depende de la transparencia y honestidad con que se realicen. De ahí debemos resolver uno de los mayores problemas que enfrenta México: la impunidad”, dijo.

 

Con esta iniciativa que se pretende dotar a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados por hechos de corrupción de un andamiaje consolidado para el combate a este tipo de delitos.

 

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que la propuesta parte de una premisa: las instituciones débiles dejan espacios a las prácticas corruptas.

 

Por lo anterior, para que el Estado cumpla correctamente sus funciones, es necesario una reestructuración que garantice un servicio público de calidad y castigue las expresiones de la corrupción, como el clientelismo y las compras gubernamentales constatadas fuera de la ley, pues estas debilitan la capacidad y legitimidad de las instituciones, argumentó el diputado.

 

Tras la aprobación de los pendientes, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesus Zambrano clausuró el periodo extraordinario de sesiones que inició el pasado lunes.

 

Afirmó que se mantendrán pendientes de los asuntos que se analizan en el Senado. |JMS