El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, llamó a sus homólogos que participan en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, a no permitir presiones de los poderes fácticos, y a enarbolar frente a ellos la independencia judicial.

 

Al intervenir en la plenaria que se celebra en Buenos Aires, Argentina, Silva Meza se pronunció porque la independencia de los poderes judiciales no sólo opere frente a los poderes del Estado.

 

Dijo que es importante que prevalezca la separación del Poder Judicial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que existan estados constitucionales y democráticos.

 

“Al resolver conflictos, los ministros, magistrados y jueces instrumentamos la política judicial de los países en los que ejercemos, fijamos nuestra posición dentro de las instituciones del Estado, definimos el alcance de los derechos de las personas y establecemos los límites de las atribuciones del poder público”, manifestó.

 

El presidente de la Corte intervino ayer por la mañana dentro de la referida cumbre que se celebra cada dos años, en la cual participan 22 países iberoamericanos –entre ellos Andorra y Puerto Rico-, ante los cuales señaló que hoy, con mayor frecuencia que antes, las Cortes y Tribunales Supremos resuelven conflictos de una gran entidad pública, contexto en el que cobra renovada importancia la independencia judicial a través del respeto irrestricto a la separación de poderes.

 

Para fortalecer el trabajo de estos órganos judiciales, propuso adoptar protocolos de actuación que permitan formar criterios comunes que fortalezcan la protección de los derechos humanos, con independencia del carácter unitario o federal de los países participantes en esta Cumbre.

 

“Los órganos judiciales que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana no deben abstraerse de la tendencia que hoy en día se ve en las naciones democráticas, en donde los derechos humanos se han posicionado, como eje articulador de la impartición de justicia y de la vida en sociedad”, dijo.

 

Por ello, presentó a los miembros de la Cumbre el Protocolo de Actuación para casos en los que se afecten derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la esperanza de que pueda ser un referente de otros instrumentos de esta naturaleza.

 

Explicó que para ello, se necesita capacitar permanentemente a los jueces en derechos humanos y en todos los tratados y convenciones internacionales que existen en la materia, con el fin de mejorarla prestación de los servicios de justicia.