Al menos seis integrantes del gabinete ampliado del presidente Enrique Peña Nieto presentaron e hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), mientras que tres funcionarios más optaron por guardar la confidencialidad de sus datos.
De acuerdo a una revisión de 24 HORAS a las declaraciones patrimoniales de los integrantes del gabinete ampliado, el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, es el que más bienes declaró ante la SFP. Posee una flota de 99 automóviles, la mayoría de la marca Nissan, modelo Tsuru.
En su declaración presentada en mayo pasado, Ochoa Reza también reportó la posesión de una casa y un departamento, así como 50 placas de taxis, obras de arte, menajes de casa y muebles.
En cuanto al apartado de Posibles conflictos de interés, indicó que es socio de AOZ Farmacéutica desde hace siete años.
Por su parte, José Antonio González Anaya, director de Pemex manifestó tener siete propiedades, seis terrenos y una casa, de los cuales, seis fueron herencia de su madre y otro más por cesión de un tío.
El director del IMSS, Mikel Arriola, declaró no contar con propiedades pero sí con muebles y electrodomésticos. También reportó una inversión bancaria por dos millones 189 mil 746 pesos.
A su vez, José Reyes Baeza, titular del ISSSTE, indicó que entre sus posesiones se encuentran dos terrenos, una casa y un local, de las cuales dos fueron donaciones de su padre.
Reyes Baeza también declaró la propiedad de un Jeep Oveland 4x4, modelo 2012, y muebles.
El titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, indicó la posesión de una casa, una camioneta Toyota Highlander 2012; inversiones en relojes y anillos, así como cuatro inversiones bancarias.
Renato Sales Heredia, de la Comisión Nacional de Seguridad, declaró la propiedad de joyas, inversiones bancarias y deudas en tarjetas de crédito por 70 mil pesos.
Sales también publicó un posible conflicto de interés, al ser socio del Centro Educativo Xail, ubicado en Campeche, desde hace 15 años.
Resaltan los casos de Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Enrique Cabrero, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Lorena Cruz Sánchez, del Instituto Nacional de las Mujeres, quienes decidieron no hacer públicas sus declaraciones patrimoniales o posibles conflictos de interés.
