En septiembre de 2011 los diputados del PRI, PAN y PRD veían con aprobación que cinco consejeros ciudadanos fueran incluidos en las reuniones que, mes con mes, lleva a cabo el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en las que están el presidente Felipe Calderón, su gabinete en el tema y los gobernadores.

 

Hoy, tras haber concluido el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, la propuesta no se discutió ni siquiera en comisiones. El resultado es que los encuentros en Palacio Nacional no son transparentados, pues no hay ningún instrumento que obligue a las autoridades asistentes a cumplir con los acuerdos.

 

Sylvia Aguilera, directora del Centro de Colaboración Cívica, una de las organizaciones creadoras de esta iniciativa, señaló que el objetivo primordial es poder dotar al Consejo, permanentemente, de presencia ciudadana y asegurar la transparencia y rendición de cuentas en los programas y planes de seguridad, que están dentro de “lo más opaco que tiene este país”.

 

De acuerdo con la entrevistada, se sostuvo un diálogo fructífero con diputados, se abrieron espacios de discusión, y se dio a conocer a senadores y observadores de distintos sectores, con buenos resultados.

 

“Incluso se modificaron algunos puntos; por ejemplo, la iniciativa primero pretendía que los consejeros tuvieran voz y voto, pero los expertos nos dijeron que no iba a ser posible porque no estaban mismo nivel que las autoridades, que eran votadas a nivel constitucional.

 

“Para llevar a cabo estos ajustes hemos consultado a actores civiles y a miembros de estos y otros partidos, e incluso al propio Poder Ejecutivo. Ha sido una iniciativa con un proceso de maduración importante, que sí ha implicado un proceso de diálogos y acuerdos para llegar a algo que sea viable”, explicó Aguilera.

 

La expectativa, dijo, era que en el pasado periodo de sesiones pudiera ser dictaminada con las observaciones ya hechas y que pudiera pasar a la Cámara revisora, que es el Senado.

 

“Pero, ¿qué nos hemos encontrado? Dilación en el proceso, la última serie de observaciones de los asesores del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando, fue que les preocupaba si era constitucional este tipo de reforma.

 

“Nosotros, el Centro de Colaboración Cívica, no somos expertos pero sí recibimos opinión de expertos como Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que claramente nos ha dicho que no hay problema”, indicó.

 

Y al final, se quejó, la comisión respectiva la dejó en segundo término junto con otros temas en la materia, pues nunca sesionó y la propuesta quedó en el tintero para replantearse en el siguiente periodo de sesiones.

 

En la creación y modificaciones de la iniciativa participaron, además, el Insyde, Fundar, el Observatorio Juarense de Seguridad Pública, el CIDE y México SOS.

 

Nueva ley ciudadana

 

¿Qué es?

 

Una propuesta para que, de manera permanente y con puesto honorario, un grupo de ciudadanos participe en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública para tomar nota, dar seguimiento y encargarse del cumplimiento de los acuerdos entre el presidente, sus secretarios, los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del DF.

 

¿Qué cambiaría?

 

El hecho de que el presidente invita sólo a dos organizaciones, de manera discrecional, que pocas veces tienen que ver con los temas de agenda. El riesgo que hoy existe es que el Ejecutivo no invite a nadie, pues no hay nada que lo obligue.

 

Que haya omisiones importantes como las que han detectado; por ejemplo, que no sean públicas las minutas de las sesiones, que los gobernadores trabajen como “señores feudales” sin rendir cuentas o que no se definan los criterios de utilización del presupuesto en la materia.