La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó cuatro procedimientos administrativos de responsabilidad a quien fuera director General de Exportadora de Sal, debido a que realizó contratos de venta en tonelajes superiores a los permitidos y por convenir la entrega de dividendos al ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, sin la autorización del Consejo de Administración.
De esta forma, se le impuso al ex funcionario federal una sanción económica equivalente a 1.5 veces el daño causado, es decir, 11 millones 250 mil pesos; en otro procedimiento se le impuso la inhabilitación por 10 años y en otro una suspensión temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año; y en los otros dos expedientes, inhabilitación por dos años.
Todo lo anterior, previo desahogo de la garantía de audiencia, de la valoración de las pruebas ofrecidas y de las allegadas a los expedientes.