El presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), ministro Luis María Aguilar Morales, consideró que la eficacia de los agentes de seguridad no está conformada por los resultados que se obtengan únicamente con el uso de la fuerza del Estado, sino que debe estar enmarcada en la aplicación de la ley y el respeto de los derechos, de tal forma que la fuerza pública se despliegue conforme a los márgenes constitucionalmente definidos para ello.

 

“Lo que quiere nuestro pueblo es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades”, explicó.

 

El también titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dijo que la falta de cumplimiento de estas obligaciones lleva  a un desequilibrio inaceptable que equivale a la ausencia de justicia, debido a que la fuerza sin ley que la respalde es mera violencia, pero también la ley sin fuerza que la haga valer es letra muerta.

 

Durante la firma de los convenios de colaboración institucional entre el CJF, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar), aseguró que es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia, el escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria.

 

“De muy poco serviría que los tribunales de la Federación construyan criterios interpretativos que fijen los estándares constitucionales conforme a los cuales ha de regirse el desempeño de los agentes de autoridad, si por regla general los casos juzgados no tienen el alcance de prevenir la reiteración de las transgresiones, lo que trae consigo una percepción de impunidad por parte de la sociedad y deslegitima a las instituciones de procuración e impartición de justicia”, resaltó.

 

El ministro dijo que la privación de la libertad de las personas, sólo puede estar precedida de una intachable actuación de la autoridad competente, tanto en las labores de investigación como en aquellas vinculadas con la detención en flagrancia, circunstancia que es a la fecha el origen de la mayoría de las causas judiciales, en las que la regularidad y corrección de tales actuaciones, son motivo de análisis de nuestros jueces.

 

El convenio de colaboración implica que magistrados y jueces federales, así como secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN difundirán entre los mandos y los efectivos de ambas secretarías, los criterios judiciales vinculados con el correcto despliegue constitucional de las labores de seguridad, a modo de insumo para la eficacia jurídica de las tareas operativas que realizan.  dmh