Washington. Los abogados de los demandantes del ex presidente Ernesto Zedillo deploraron la decisión del Departamento de Estado de otorgarle inmunidad, pues reconocieron que ello representa el fin de la demanda civil en su contra.
“Estamos profundamente decepcionados por la decisión del Departamento de Estado de otorgar inmunidad al ex presidente, lo cual evitará que procedamos con el caso en contra”, señalaron los abogados Roger Kobert y Marc Plugiese, del bufete Rafferty, Kobert, Tenneholtz & Hess.
La noche del viernes, el asesor legal del Departamento de Estado Harold Hongju Koh comunicó al subprocurador Stuart Delery la decisión de la dependencia de otorgar la inmunidad a Zedillo por acciones realizadas durante el periodo de su mandato como jefe del ejecutivo.
“Considerando los principios de inmunidad articulados por la rama ejecutiva… el Departamento de Estado ha determinado que el ex presidente Zedillo disfruta de inmunidad para ser demandado respecto de esta acción”, señaló.
Hongju Koh mencionó que fue el gobierno mexicano quien solicitó la recomendación de inmunidad.
Delery transmitió la decisión de la administración del presidente Barack Obama al juez del caso de la corte federal de Connecticut, Alvin Thompson, en una moción separada de ocho cuartillas.
En su respuesta, los abogados de los demandantes lamentaron que la decisión del Departamento de Estado “estuviera basada en comunicaciones entre el actual gobierno mexicano y el gobierno estadunidense, a través de correspondencia que no se hizo del conocimiento del público estadunidense”.
“Aunque hemos sido bloqueado en nuestros esfuerzos para avanzar en este caso civil contra el señor Zedillo, esperamos sinceramente que nuestros esfuerzos hayan elevado la conciencia del público sobre los males subyacentes”, escribieron.
Ni Jonathan Freiman ni Thalia Townsend, abogados de Zedillo, respondieron de inmediato mensajes para obtener su punto de vista.
El ex mandatario mexicano fue acusado ante la Corte Federal por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas, en la que murieron 45 hombres, mujeres y niños en diciembre de 1997.
De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano de El Plan de Campaña Chiapas 94, descrita como una estrategia secreta del gobierno para aplastar el movimiento insurgente zapatista de la década de 1990.
La demanda fue interpuesta, por el despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, a nombre de seis hombres y cuatro mujeres, sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana pidió desde noviembre pasado, a través de la embajada en Washington, la intervención de Estados Unidos ante la corte del estado de Connecticut, a fin de reclamar inmunidad para Zedillo en su calidad de ex jefe de Estado.
En 2011, Estados Unidos admitió la inmunidad para el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, con motivo de un proceso en una Corte del Distrito de Columbia, en que la multinacional Drummond pidió la comparecencia del ex mandatario en calidad de testigo.
La administración Obama dejó sin embargo en claro que la inmunidad blindaba a Uribe de dar testimonio sólo en relación con hechos ocurridos durante su mandato como Jefe de Estado.
El proceso civil contra Zedillo tuvo lugar la corte en Connecticut por ser esta la entidad de residencia del ex presidente mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusó al ex presidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel del ejecutivo federal antes y después de la masacre de Acteal.
