Varillas y el inicio de una construcción se aprecian en uno de los basamentos que conforman la zona arqueológica purépecha de Tzintzuntzan, en Michoacán. Algo fuera de la ley aseguran académicos e investigadores del INAH quienes en días pasados iniciaron una demanda penal contra el presidente Calderón y quien resulte responsable por daño al patrimonio nacional.
Desde hace mes y medio, investigadores, arqueólogos, historiadores, etnólogos, ligüístas, etnohistoriadores, biólogos, paleontólogos, físicos y químicos, antropólogos y arquitectos que trabajan como empelados sindicalizados para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantienen un plantón en el Museo de Antropología para informar a la ciudadanía sobre las irregularidades que observan, reunir firmas de apoyo y exigir a las autoridades federales atiendan estos reclamos.
Tras haber girado cartas a directivos del INAH, a la SEP y a la propia presidencia de la República, seis semanas y media después se dio el primer encuentro con el secretario de Educación, José Ángel Córdova Villalobos, este viernes 7 de septiembre.
El funcionario se justificó ante el poco conocimiento del tema por su poco tiempo a cargo de la dependencia, aunque manifestó interés y disposición para dar curso de las demandas al equipo de transición de Enrique Peña Nieto y tener una respuesta en la siguiente semana, revela Felipe Echenique, líder del sindicato de investigadores.
Los denunciantes, entre quienes están los encargados de resguardar las distintas zonas aquerológicas, aseguran que los funcionarios encabezados por el director Alfonso De María y Nelly Robles, coordinadora Nacional de Arqueología, no quisieron mostrarles los proyectos ejecutivos aprobados por el Consejo de Arqueología que sustenten la aprobación de las modificaciones en las ruinas, los cuales deben ser documentos públicos.
Echenique March señala que una vez iniciada la toma del lobby del Museo de Antropología la dirección del INAH les dijo “les enseñamos los proyectos pero levanten las protestas”, a lo que los trabajadores se negaron por considerar que lo que urge es impedir que de destruya el patrimonio de los mexicanos.
“Lo único que pedimos es que se cumpla la ley que dice que no se puede construir sobre sitios prehispánicos e históricos”, asegura a 24 HORAS, Atzayacatl Gutiérrez Ramos, investigador adscrito al Museo Nacional de Historia.
Gutiérrez asegura que el proyecto ejecutivo detalla qué se va a hacer, cómo está planeado. Por ello, el sindicato realizó una visita a la zona michoacana y elaboraron un análisis y dictamen con precisiones técnicas que sustentan el porqué no se puede construir en ese preciso sitio. “Hay terrenos que no contienen vestigios arqueológicos y que no dañarían la visual y volumetría”, destaca un comunicado de los trabajadores emitido para la comunidad internacional.
“Incluso a veces cercan las obras e impiden el paso a propia gente del INAH. Esto ya es el colmo”, señala Gutiérrez Ramos.
Ante lo que califican como “un atropello” a la que fuera capital del pueblo Purépecha y otras zonas arqueológicas del país, se sumaron 12 de los 14 maestros eméritos con que cuenta el INAH, entre los que se encuentran Consuelo Masivar, Eduardo Matus Moctezuma, Lourdes Suárez Diez, Mariano Monterroso, Jorge Angulo, Arturo Romano quienes enviaron una carta al presidente Calderón.
Incluso el pintor Francisco Toledo se ha sumado, en una misiva prcisa "en mi derecho ciudadano doy mi apoyo a los profesores en investigación científica del INAH para que se evite la destrucción de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos
La primer respuesta de las autoridades para este movimiento no fue en diálogo, sino una demanda ante la PGR contra el líder del sindicato, el historiador Felipe Echenique y quien resulte responsable bajo los cargos de “menoscabo al erario público y apología de la violencia”.
Esto debido a que sus acciones en el Museo incluyeron el permitir la entrada gratuita al recinto, incluso a la exposición “Samurai”, sin costo. El INAH asegura que las pérdidas son de hasta un millón 300 mil pesos, por la toma de taquillas durante 28 días.
Hasta ahora, los trabajadores han reunido más de 45 mil firmas que fueron envaidas a la directiva de la UNESCO.
