Tras un mes de parálisis en juzgados por paro de laboresy sin acuerdo de aumento salarial, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) reanudarán actividades, luego de que representantes de la base trabajadora y autoridades locales acordaron el reinicio de labores en sus instalaciones a partir de este lunes 7 de julio.
Después de cuatro horas de discusión, el Oficial Mayor Sergio Fontes, en representación del magistrado presidente, Rafael Guerra, firmó un acuerdo con la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia local y los Subsecretarios de Gobierno y Concertación de la capital del país para finalizar con el paro de labores en la institución.
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Entre sus exigencias, solicitaron el aumento salarial del 10 por ciento y un adicional a prestaciones, así como mejoras laborales debido a la falta de equipo para desempeñar sus tareas. Aunque el incremento a los sueldos no fue pactado, se acordó el reparto de un bono especial para diciembre que se repartirá entre la base trabajadora y se comenzará el análisis de la basificación.
Previamente, el Consejo de la Judicatura local (CJCDMX) instruyó a los titulares de los órganos jurisdiccionales, de áreas administrativas y de apoyo judicial, regresar a labores, para garantizar el óptimo funcionamiento de la administración e impartición de justicia, debido a las más de 9 mil expedientes en espera y sentencias pendientes.
El problema real
Lo anterior, privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como la necesidad indispensable de la sociedad de contar con los servicios que le permitan ejercer su derecho de acceso a la justicia.
En un comunicado, el CJCDMX advirtió que la continuidad del paro podría poner en riesgo el pago de nómina y la prestación de servicios esenciales.
De acuerdo con estimaciones de los propios trabajadores, el rezago judicial que dejó el paro de labores asciende a más de 9 mil expedientes en pausa.
“Manejamos alrededor de 700 expedientes al día… si consideramos que llevamos un mes de paro, más todo el rezago que había, tal vez sean 8 mil o 9 mil expedientes pendientes en rezago”, mencionó Erika Ojeda, vocera de los inconformes.
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Ojeda apuntó que el paro no tuvo la finalidad de afectar a la población, sino obtener un salario digno y mejores condiciones para realizar su labor.
“Nosotros lo que menos queremos es afectar a la ciudadanía o a los abogados litigantes, pero los primeros afectados fuimos nosotros cuando no nos dieron un aumento de salario digno”, aseguró.
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