Adriana Greaves, única mujer en la terna para dirigir la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, aseguró que su experiencia al colaborar desde la sociedad civil con otras dependencias le otorgan conocimientos para desarrollar un proyecto de procuración de justicia y combate a delitos eficaz en la capital, cuyo principal eje será un protocolo de priorización de casos.
Greaves señaló en entrevista con 24 HORAS que su experiencia de siete años como directora de la organización civil Tojil la ha llevado a colaborar activamente en el combate a la corrupción a través de la asesoría y representación jurídica de las víctimas, así como el trabajo en un observatorio a nivel nacional de las fiscalías en la materia.
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Compartió que el observatorio se ha dedicado desde 2020 a darle seguimiento a la operación de las fiscalías, como el marco jurídico, las capacidades en recursos humanos y materia económica, los procedimientos que tienen instaurados y sus respectivos resultados.
Señaló que la operación de la Fiscalía Anticorrupción no es algo nuevo ni ajeno para ella, pues a través de la organización que encabeza sabe “cuáles son las necesidades que tienen para empezar a combatir la corrupción”, al señalar que esto implica también quiénes son los responsables de ejecutar las labores.
Subrayó que lleva cuatro años trabajando con los titulares de estas instancias en la Confederación Nacional de Fiscales Anticorrupción. Junto a Tojil, ha dado asistencia técnica, creado protocolos y firmado convenios de colaboración.
Para su proyecto, Graves propone emitir una ley orgánica que defina la jurisdicción y la investigación de los delitos. También plantea delinear su estructura interna para organizar la Fiscalía Anticorrupción y operar de manera certera.
Proyectos innovadores
Reiteró que la innovación de su proyecto es implementar un protocolo de priorización de casos. Señaló que estas instancias se enfocan en pequeños desvíos en vez de desmantelar grandes redes de corrupción.
Otra estrategia que propone es dejar de perseguir a los servidores públicos como únicos culpables.
Aseveró que es necesario investigar a las grandes empresas, pues a veces sobornan, buscan espacios o consiguen contrataciones sin cumplir los requisitos.
Por ello, se debe generar la trazabilidad del dinero. Esto permitirá investigar dónde termina y quiénes son los beneficiarios y controladores.
Además de impulsar una línea de denuncia anónima dentro de las empresas y se ofrezca una recompensa para quien informe sobre el desvío de recursos.
