En una maratónica sesión con alrededor de 70 dictamines, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete de reformas presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir la violencia de género en la capital.
En materia de delitos sexuales, se reforma el delito de abuso sexual para establecer claramente que el silencio, la pasividad o la falta de oposición no pueden interpretarse como consentimiento.
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Las penas se aumentan cuando el delito se cometa con violencia, por dos o más personas, o cuando exista relación de confianza con la víctima. Además, el abuso sexual se perseguirá de oficio, eliminando barreras para la denuncia.
En cuanto a la violencia familiar, se crea un nuevo capítulo específico para violencia familiar entre pareja, reconociendo las relaciones sexoafectivas aunque no exista cohabitación. Además, se establecen penas de uno a seis años de prisión y pérdida de derechos, incluidos los sucesorios y de alimentos y las víctimas recibirán medidas de protección desde el inicio de la investigación.
Las reformas contemplan una protección especial para grupos vulnerables. Las penas aumentan en un año cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, mujer embarazada o en puerperio. También se agrava la sanción cuando se usen armas o se deje cicatriz permanente.
Tras su aprobación, la Fiscalía General de Justicia capitalina tendrá un plazo de 120 días para armonizar sus protocolos de investigación y atención a víctimas conforme a las nuevas disposiciones, detalló la bancada de Morena.