El Instituto Pascual Borgia, operado por la asociación civil Celamex Italia, denunció el presunto desalojo ilegal de uno de sus inmuebles, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En entrevista con 24 Horas, la representante legal, Isabel Jiménez Valencia, denunció que un grupo de personas ingresó y desalojó el inmueble ubicado en Lago Argentina 17 sin presentar una orden o documentación que respaldara el procedimiento.
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“Nos sacaron de la casa con lujo de violencia… vinieron a las seis de la mañana, empezaron a sacar todo el mobiliario, el actuario no dejó ningún documento. Ellos ya cerraron la puerta, la han sellado y se llevaron muchas cosas ha habido robos”, mencionó.
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Al respecto, la representante legal refirió estimó una afectación alrededor de 200 personas, contemplando a trabajadores, estudiantes y padres de familia que llevaban a clases a sus hijos.
En un recorrido realizado por 24 Horas se observó la presencia de patrullas y motociclistas en calles aledañas. Mientras en el lugar madres de estudiantes apoyan a resguardar el mobiliario desalojado, como cuadernos, muebles y casilleros, para su traslado a una casa y una iglesia, donde serán almacenados de manera provisional.
“Las cosas más grandes se van a estar llevando a una casa en Iztacalco. Lo que mencionan es que no se llegó con ninguna orden para realizar el desalojo, no tienen ningún documento. Abrieron y ahorita están soldando la puerta”, mencionó Elena, trabajadora del lugar.
Al momento, autoridades escolares evalúan la implementación de clases en línea para no afectar las actividades de los estudiantes con el desalojo.
Origen del conflicto en el Instituto Pascual Borgia
De acuerdo con la representante legal de Celamex Italia, el conflicto por el inmueble inició hace al menos nueve años, luego de que un particular falsificó documentos para hacerse pasar como dueño.
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“Esta es la segunda vez que este señor viene a desalojar con supuestos papeles de qué es el dueño. Legalmente, ya se le presentaron papeles donde la persona que él dice que le cedió los derechos es una persona finada (muerta), falsificó la firma de esta persona.
Él estaba vinculado a proceso, hubo un juicio apenas el día viernes en el cual no hubo resolución y vino a las seis de la mañana a sacar todos los muebles y documentos de los niños”, añadió la madre de una estudiante.
