La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México instó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a requerir a los jueces, magistrados y servidores públicos reanudar sus labores, de lo contrario aplicar las normas y proceder a la suspensión de sus pagos.
En un hecho poco común, a nombre del Legislativo local, las y los diputados pidieron otro poder para suspender sus manifestaciones contra una reforma constitucional.
El Congreso local exhortó al CJF para que en ejercicio de sus facultades requiera a las personas juezas, magistradas y servidoras públicas, que forman parte del Poder Judicial de la Federación, a reincorporarse inmediatamente a sus labores, o en su defecto, a aplicar lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para proceder a la suspensión del pago de sus sueldos.
La diputada de Morena, Valeria Cruz, recordó que, en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales determinaron desde el pasado 21 de agosto declararse en paro, como forma de rechazo a los aprobado por el Constituyente que avaló cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Al día de hoy se encuentra detenida la labor de la impartición de justicia en plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de circuito auxiliares, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, juzgados de distrito auxiliares, tribunales laborales federales, entre otros”, aseguró.
Con lo anterior están evadiendo su responsabilidad jurídica de defender el Estado de derecho y de asegurar el cumplimiento del derecho humano a la justicia, consideró, además de causar un grave perjuicio a la población de la ciudad y del país, agregó.
Al hablar por hechos, el legislador Alberto Vanegas de Morena expresó que el paro de las personas que laboran en el Poder Judicial es ilegal y ha impedido la realización de al menos 9 mil audiencias en todas las materias del ámbito federal, lo que ha generado un daño económico que asciende a 8 mil 307 millones de pesos, de acuerdo con la ministra Lenia Batres Guadarrama.
