El fallecimiento de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas en un accidente ocurrido en el Parque Bicentenario, durante el festival Axe Ceremonia, puso los ojos sobre la negligencia que hay en algunas alcaldías en la aplicación de protocolos de Protección Civil, la falta de responsabilidades de los organizadores y la poca vigilancia del gobierno sobre la seguridad en estos eventos, señalaron autoridades capitalinas y federales.
Luego del intercambio de acusaciones, así como falta de investigaciones y apoyo a las familias de las víctimas, entre la administración capitalina y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, la presidenta de México Claudia Sheinbaum pidió a Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), revisar el estatus de la concesión del parque y de ser posible retirarlo a la empresa que actualmente la tiene.
La titular del Ejecutivo, quien fue la primera en manifestarse el lunes, lamentó la muerte de los periodistas y pidió hacer una investigación a todos los involucrados para que no haya impunidad.
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El alcalde de Miguel Hidalgo, por segundo día consecutivo, mantuvo su postura de deslindarse de la responsabilidad bajo el argumento de que en las inspecciones, realizadas por personal de su demarcación no le informaron que esa grúa estaría en el lugar.
Silencio total
A varias horas del percance, confirmó que no había tenido contacto con los familiares de las víctimas; cuestionado sí la demarcación brindará algún apoyo o acompañamiento a los deudos, Tabe refirió que la responsabilidad era de los organizadores del evento.
En conferencia, argumentó que los organizadores del festival violaron los protocolos de protección civil al introducir estas plataformas que no estaban reportadas.
Respecto a la necesidad de investigar a la empresa Promotora ECO, que organizó el Axe Ceremonia y está a cargo de Diego Labora, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, el alcalde dijo que no hablaría del tema, pero insistió en que las autoridades debían investigar y sancionar todo lo necesario.
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Sobre la inconsistencia de cancelar los conciertos justificó: “En un evento masivo de 45 mil personas se corre el riesgo de una estampida, de riñas y conatos de violencia por el enojo. Puede generar crisis de pánico o de violencia. Hubiera sido irresponsable actuar al calor de la presión mediática y decir que se apague en la fiesta”.
Sin embargo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que existían responsabilidades a "simple vista" las cuales derivaron en el fallecimiento de dos fotógrafos; por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina está encargada de investigar lo sucedido y generar resultados objetivos para que no haya impunidad en el caso.
Promesa de Justicia
La mandataria capitalina insistió que hay responsables a "simple vista" como las correspondientes a la empresa encargada del evento, así como otras que durante el proceso serán determinadas.
Brugada aseguró que el Gobierno capitalino estaría al lado de las familias de las víctimas para garantizar el acceso pleno a la justicia.
La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, inició una investigación para esclarecer cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó; establecer quién falló en su responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente, es decir, quién o quienes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes.
Se investiga, dijo, a quienes operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar su caída; a la empresa responsable de la organización del evento.
A las autoridades que en este caso serían de la alcaldía encargadas de la supervisión antes, durante y después del evento, explicó Alcalde.
Reportero de la sección CDMX en el diario 24 HORAS. Apasionado del periodismo y las buenas historias. Egresado de Comunicación de la FES Acatlán, con experiencia en agencia, diarios y sitios web.