Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a una víctima de violencia.
Foto: Pixabay | Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a una víctima de violencia.  

Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México, vinculó a proceso a Regina Seemann, quien denunció a Guillermo Sesma, por violencia contra ella y presunta agresión sexual contra sus hijos.

Este sábado, la comunicadora Lourdes Mendoza reportó que a Regina Seemann se le vinculó a proceso y se le impusieron una serie de medidas cautelares.

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“Le acaba de dictar el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco medidas cautelares a @reginaseemann tendrá que ir a firmar cada 15 días . Cuando Guillermo Sesma es el violentador sexual de menores de 12 años”.

Abundó que “es indignante que pueda más la ambición y negociaciones en lo oscurito que la verdad y el sufrimiento que tus sobrinos han vivido”.

La comunicadora señaló al juez Júpiter López Ruiz, quien ya había sido señalado por víctimas de violencia, de favorecer a sus agresores e incluso se pidió su destitución, de operar la vinculación a proceso de Regina Seemann.

Foto: Facebook Regina Seemann | Un juez vinculó a proceso a Regina Seemann, una víctima de violencia.

Secretaría de Mujeres, pendiente del caso de la víctima de violencia

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Mujeres federal, Citlalli Hernández, dijo que estaba al pendiente del caso. “Junto con el #EquipoMujeres hemos estado en constante comunicación con ella y al pendiente del asunto”.

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La funcionaria señaló que el objetivo “desde la Secretaría de las @mujeresgobmx es que todas se sientan acompañadas, que haya justicia y podamos vivir libres de violencias; éste gobierno tiene la misión de promover los derechos de todas las mujeres y hacerles saber y sentir que no están sola”.

El caso de vinculación a proceso de una víctima de violencia, se suma a lo sucedido hace unos días, en la que otro juez de la Ciudad de México autorizó el desalojo del Instituto Pascual Borgia, en medio de una disputa legal por dos predios, en la que el colegio, administrado por monjas, ha señalado que el desalojo se ordenó basado en documentación falsa que el Poder Judicial de la capital del país no tomó en cuenta.

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