La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se declaró incompetente para intervenir en el caso del “Refugio Franciscano”.
Pese a las denuncias por contaminación de la Barranca Echánove, maltrato animal y riesgo sanitario documentadas por la fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
En la denuncia presentada por la fundación, se señala que el inmueble carece de drenaje y sistema de tratamiento de residuos.
Lo que hace que las heces, orina y cadáveres animales sean desechados hacia la Barranca Echánove, ubicada en la Alcaldía Cuajimalpa.
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La fundación refiere que dichos hechos ya fueron reconocidos ante Autoridades de la Ciudad de México.

Por lo que Fernando García Juárez, abogado de la Fundación, sostuvo que la resolución de Profepa resulta “contradictoria y evasiva”, debido a que la propia denuncia presentada ante la autoridad federal.
“Lamentablemente la autoridad ambiental pretende reducir el caso únicamente a un asunto administrativo o de animales domésticos, ignorando los delitos ambientales, la contaminación y los riesgos sanitarios plenamente asentados en el expediente y que también fueron documentados por la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial” enfatizó el abogado.
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Horno clandestino
Por su parte, la Profepa también hace referencia a la localización de un horno clandestino utilizado para la cremación irregular de residuos patológicos y cadáveres de animales.
Situación que fue documentada por la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México, mediante denuncia complementaria presentada en Diciembre de 2025.
“Asimismo, la denuncia federal documenta hacinamiento extremo, mortandad animal y riesgos epidemiológicos”, detalló García Juárez.
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Entre los datos presentados en el expediente se menciona la muerte documentada de 17 ejemplares, así como la presencia de roedores dentro del inmueble.
Hecho certificado en el Acta Circunstanciada de Aseguramiento levantada el 7 de enero de 2026 por el Agente del Ministerio Público.
“Por todo esto resulta inadmisible que el Gobierno de la Ciudad haya reservado el expediente por hasta tres años para evitar que la ciudadanía conozca en realidad los delitos que cometía el llamado Refugio Franciscano”, alertó García Juárez.
