Es necesario dar un giro y capacitar con nuevos protocolos a los impartidores de justicia para que puedan mejorar la atención y sanciones contra el bullying y violencia infantil, porque en la actualidad no existe una coordinación entre autoridades para abatir este fenómeno, aseguró la jueza segunda de Distrito en el Estado de Morelos, Ana Columba Contreras Martínez.
En entrevista con 24 HORAS, la jueza especialista en la materia infantil expresó que una de las principales fallas del sistema es la tendencia a minimizar los casos de bullying y acoso escolar, ya que los consideran “cosas de niños o simples bromas”, sin dimensionar el impacto real que tienen para las víctimas y el entorno en el cual viven.
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“Tenemos que construir una justicia que proteja, evite y prevenga que ninguna infancia crezca en un entorno de violencia e impunidad”, destacó.
Actualmente, aseguró, no existe un sistema que permita a las autoridades y grupos sociales actuar de manera coordinada con las instituciones educativas, así como las especializadas en protección infantil, para implementar protocolos de actuación en todos los casos que afecten a las infancias.
En cuanto al Poder Judicial destacó que el primer paso es la capacitación obligatoria para todas las personas juzgadoras de todos los niveles en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para garantizar que el bullying sea analizado bajo el principio de interés superior de la niñez con perspectiva de infancias para que los casos no sean tomados como solo bromas y se generen las medidas y sanciones correspondientes.
Sistema ineficiente para proteger
Además, indicó que el sistema judicial no debe de ser sólo de aplicación de sanciones, sino que tiene que ser capaz de detectar de oficio situaciones de violencia escolar para frenarlas y así generar espacios donde ya no se vuelvan a dar estas situaciones.
“Podemos enfocarnos no sólo en la sanción individual, sino exigir a las escuelas la implementación de programas reales de prevención y erradicación del acoso escolar y que se enfoquen no sólo en la víctima, sino en transformar todo el entorno escolar y que este sea un espacio seguro y libre de violencia”, aseveró.
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Estas condiciones de falta de seriedad, dijo, derivan en un impedimento para dar una respuesta efectiva y favorece la tolerancia a condiciones de violencia entre pares, lo cual es delicado ya que evidencia la falta de mecanismos efectivos para la protección y denuncia de niñas, niños y adolescentes.
La jueza explicó que eso implica que el Poder Judicial recabe todas las pruebas de oficio necesarias para conocer lo sucedido en cada caso y no quedarse en el aspecto superficial, ya que se debe de analizar cada situación a partir del entorno en el que las niñas, niños y adolescentes se desarrollan y no desde una visión de adultos.
Contreras Martínez consideró que se puede hacer de la justicia un actor clave en la construcción de un sistema educativo libre de violencia donde se pueda garantizar el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.
