La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reconoció fallas en la redacción del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), principalmente en los apartados sobre el impuesto predial y la subasta de predios.
Se trata de los mismos puntos con los que el PAN, horas antes, acusó que el gobierno buscaba aumentar la recaudación con un “predialazo” y vulnerar la propiedad privada al obligar a vender en subasta los terrenos baldíos o subutilizados.
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Este lunes, la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, acompañada de legisladores de su partido, denunció en conferencia de prensa nueve riesgos contenidos en el programa, por lo que exigieron cancelar el proceso de consulta y retirar el proyecto. Más tarde, la Sedatu respondió a estos y otros cuestionamientos en su propia conferencia.
Ahí, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll, admitió que conceptos como la actualización del valor catastral o la venta de terrenos en subasta estaban planteados de forma imprecisa. El subsecretario dijo que se revisará la redacción de estos y otros puntos, aunque el programa ya se discute en consulta pública en alcaldías de la capital y municipios del Estado de México, Hidalgo y Morelos.
“Hemos identificado realmente muchos pedazos de muchas redacciones que no son lo preciso que deberían ser”, dijo el funcionario.
¿Qué es el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México?
El programa busca homologar criterios en temas de agua, transporte, vivienda y en el desarrollo de la mancha urbana entre los gobiernos que comparten la metrópoli. Abarca 84 demarcaciones en total: las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.
Se trata de la primera actualización a este programa desde 1998.
El subsecretario Iracheta Carroll enfatizó que el programa "no es una ley" ni es vinculante, pero sí hará obligatoria la coordinación entre gobiernos estatales y la capital en materia de uso de suelo e impuestos.
La consulta pública arrancó el 24 de septiembre y concluirá el 22 de noviembre, un periodo de 60 días con foros institucionales, conversatorios y 66 buzones físicos en los módulos legislativos de la capital. De acuerdo con la Sedatu, la versión definitiva se publicará el próximo año.
Sin embargo, el PAN ha sostenido lo contrario: una vez sea aprobado, este programa será obligatorio.
“Si efectivamente no quieren que pase todo esto y el predialazo, que simple y sencillamente lo retiren del documento, retiren el documento”, sostuvo el vicecoordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido.
El diputado también reconoció que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya había negado un aumento al predial en el programa, pero consideró que no basta con un tuit o un boletín para desmentir el documento.
Según el PAN, el programa propone igualar el valor catastral de las propiedades, es decir, el valor que les asigna el gobierno, con su valor comercial, que es el precio en que realmente se venderían. De acuerdo con Garrido, el documento contempla incluso el uso de drones para medir los predios y sus construcciones.
El valor catastral es la base sobre la que se calcula el impuesto predial. Por eso la oposición advirtió que actualizarlo significaría un “predialazo”, aunque no se modifique el porcentaje que se cobra.
Iracheta confirmó que el programa busca acercar ambos valores, aunque aclaró que “nunca van a ser iguales”. Reconoció además que en algunos municipios el valor catastral equivale apenas a una quinta parte del comercial.
“No va a haber un alza en el predial”, insistió en repetidas ocasiones el subsecretario de Sedatu, quien explicó que el impuesto depende de dos elementos: el valor de la propiedad y el porcentaje que se cobra sobre él. Si el primero aumenta, los gobiernos locales tendrían que reducir el segundo para que el pago no cambie: “si incrementa uno de los valores, el otro tiene que reducir para que se mantenga”, puntualizó.
Recordó que solo los gobiernos locales pueden modificar ese impuesto y que la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos ya se habían pronunciado en contra de aumentarlo. Admitió, sin embargo, que la redacción de ese apartado “se va a revisar” para evitar interpretaciones que generen preocupación.
Sobre la subasta de predios, la presidenta del PAN capitalino criticó que se plantea declarar como prioritarios ciertos terrenos baldíos o poco aprovechados, en los que sus dueños tendrán de dos a cuatro años para construir. Si no lo hacen, según el texto, “la autoridad puede obligar a la venta forzosa de la propiedad en subasta pública”.
El diputado Garrido lamentó que este mecanismo es "peor que la expropiación", porque ni siquiera se exponen causas de utilidad pública.
En este punto, Iracheta respondió que el apartado “es solamente un catálogo y no habla necesariamente de una venta forzosa”. Recordó que la figura existe en la Ley General de Asentamientos Humanos desde 2016 y que se aplicaría sobre todo en zonas industriales abandonadas. Aseguró que “no se le está robando ni quitando” a los propietarios, pero aclaró que también fortalecerán esa redacción para que quedara clara.
PAN busca comparecencia de funcionarios y advierte sobre posibles amparos
Hasta este lunes se habían realizado tres foros de consulta en la capital, según el calendario de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana: en Azcapotzalco, Benito Juárez y Xochimilco.
Los panistas acusaron que esos foros habían sido cerrados y con asistencia controlada, y denunciaron que, según videos grabados por vecinos, a los asistentes los atendían trabajadores de la empresa contratada para elaborar el estudio y no funcionarios públicos.
Iracheta explicó que el documento lo elaboró un despacho especializado que ganó una licitación pública, y reconoció que el formato de los foros tendría que ajustarse en algunos lugares.
Además del predial y la subasta, el PAN advirtió sobre un organismo para recuperar predios vacíos; cambios de uso de suelo sin un predio definido; la posibilidad de pagar al gobierno por construir más pisos de los permitidos; el cobro de la plusvalía de las propiedades y precios máximos de venta en ciertas zonas.
“Lo que tiene que hacer el gobierno es retirarla, dialogarla con municipios, dialogarla con sector académico, dialogarla con vecinos y lo que tenga consenso y sustento en la ley, volverlo a consultar”, planteó el diputado federal Federico Döring en conferencia de prensa del PAN.
Acción Nacional anunció que pedirá en el Congreso local la comparecencia de Enrique Irazoque Palazuelos, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, al igual que la de la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, en la Cámara de Diputados federal. El partido también organizará foros de parlamento abierto y advirtió que, si el programa se aprueba, promoverá amparos en su contra.
Iracheta, por su parte, rechazó suspender la consulta: “suspender la consulta sería suspender el diálogo”. Adelantó que el documento podría actualizarse cada 15 días mientras continúa la consulta, en lugar de esperar a que termine.