Gilberto Álvarez es un ejemplo de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad cuando se trasladan en transporte público masivo como el Metro debido a la falta de infraestructura que garantice a este sector el derecho a la movilidad en la Ciudad de México, lo que le llevó a presentar una demanda contra el órgano, cuyo fallo fue a su favor.
En entrevista para 24 HORAS, Gilberto compartió que hace más de cinco años a causa de un accidente automovilístico se convirtió en una persona con discapacidad motriz, orillándolo a adaptarse a las opciones de movilidad de la capital, las cuales, destacó, no siempre son accesibles.
Refirió que aunque la movilidad en el transporte público como el metro debería de estar disponible para la ciudadanía, para algunos grupos vulnerables se vuelve complicada.
Te puede interesar: Estoy lista para asumir los retos: Clara Brugada da mensaje de Año Nuevo
“En el Metro… la realidad es muy distinta, los elevadores cuando existen suelen estar descompuestos o no están disponibles en todas las estaciones, las rampas son insuficientes o están mal diseñadas”, expresó.
Señaló que estos factores representan barreras físicas que se convierten en recordatorios constantes de que la infraestructura del transporte público no está pensada para todas las personas, por lo que “no es posible utilizar el Metro de manera segura ni digna”.
“Es como si el sistema nos dijera: este espacio no es para ti”, apuntó Álvarez al tiempo de señalar que esta situación lo motivó a emprender acciones legales por él y otras personas con discapacidad.
Imposibilidad de independencia
El hecho de que la infraestructura no funcione o no exista en algunas estaciones representa no sólo la necesidad de tener que buscar a un policía o ciudadano que los apoye, sino que significa mayores gastos, porque en ocasiones tiene que desplazarse en algún otro vehículo para llegar a una estación que pueda ser accesible, abundó.
Diego Berry, uno de los representantes legales de Álvarez, indicó que el fin de la demanda es que el Metro cumpla su obligación de ser un transporte accesible para las personas con discapacidad y transite hacia un espacio completamente inclusivo.
Sin embargo, no exigen que sea de inmediato, pero sí que se refleje en acciones paulatinas que muestran una mejoría y una verdadera inclusión para los diferentes grupos vulnerables.
“Si no lo hacen o se tarda el cumplimiento, la autoridad de amparo puede destituir, multar, e incluso inhabilitar de su cargo (al responsable) para que no pueda tener otro puesto público en 10 años”, aseveró Berry.
Con el amparo, Gilberto y sus abogados se mantienen firmes para exigir que se cumpla con lo determinado por el tribunal, además de promover que otras personas con discapacidad exijan sus derechos de acceso a una movilidad segura y eficiente.
