El abogado Vidulfo Rosales le tocará hoy gozar las movilizaciones de sus exrepresentados padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desde alguno de los balcones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde se fue a laborar en la ponencia del ministro presidente del máximo tribunal con un salario verdaderamente envidiable.
El abogado Rosales fue el encargado de machacar la tesis de que la responsabilidad del secuestro de 43 estudiantes normalistas había sido del Estado -ese aparato público de poder absoluto- y que la decisión de desaparecer a los muchachos presuntamente a un basurero de Cocula había sido del Ejército, una institución que por ley tiene prohibida la participación en asuntos de seguridad pública si no es a través de una solicitud formal y por escrito y con base en funciones estrictamente supervisadas.
Los datos originales son otros: el presidente municipal perredista de iguala, José Luis Abarca, hoy preso por delitos vinculados a Ayotzinapa, había dado la orden a su Policía municipal de arrestar a los muchachos y evitar que fueran a interrumpir un mitin político de su esposa, a quién estaba impulsando como su sucesora en la alcaldía.
Los polis municipales cumplieron la orden pero no entregaron a los estudiantes alguna autoridad responsable sino qué se los dieron al grupo de narcos y ahí se perdió la pista de los secuestrados.
Las autoridades municipales y estatales alrededor del caso Ayotzinapa eran del PRD y todos ellos respondían al grupo político de Andrés Manuel López Obrador, en aquel 2014 preparando su candidatura presidencial del 2018. Y el gobernador expriista y perredista, Ángel Aguirre Rivero, renunció en octubre para facilitar las investigaciones que en términos políticos como autoridad estatal tenía que responder de manera directa.
El Gobierno de Peña Nieto dio la versión histórica y jurídica de un secuestro y el asesinato por un grupo de narcos. Los padres de los estudiantes secuestrados, azuzados por el abogado Rosales, mantuvo 11 años el expediente abierto.
Hace una semana, Rosales renunció a su cargo de abogado de los padres de Ayotzinapa y se fue a trabajar al Estado en su versión judicial al que él mismo acreditó como corresponsable directo de la desaparición de los estudiantes.
Zona Zero
- Desde cualquier balcón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será un buen lugar para mirar las marchas de protesta de los padres que siguen clamando por la aparición de sus hijos. Y en ese balcón estará el abogado Rosales.