A un año de los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá hoy, jueves, con los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se han negado a aceptar la “verdad histórica” de los hechos, por lo que siguen en espera de algo que difícilmente se producirá algún día: “la verdad legal o jurídica”, aquella que debería ser demostrada, acreditada, probada y que no deje lugar a dudas.
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Algunos funcionarios que han seguido paso a paso este penoso asunto, y que quieren estrenarse como observadores objetivos e imparciales, hacen un breve recuento de diversas acciones ocurridas a lo largo de un año donde, dicen, ha habido de todo: intrigas, venganzas, resentimientos, pifias, negocios…
1) El caso Ayotzinapa no fue en principio un asunto donde el gobierno federal tuviera la imperiosa necesidad de participar, dicen aquellos; era responsabilidad del gobierno estatal, encabezado por el perredista Ángel Aguirre Rivero. Alguien tuvo la ocurrencia de destituirlo del cargo, y en lugar de responsabilizarlo de los trágicos acontecimientos, lo único que consiguieron fue salvarlo de que pisara la cárcel.
2) Los Abarca (el alcalde y su esposa), ambos perredistas y actualmente presos, fueron quienes ordenaron y coordinaron la operación para detener a los estudiantes y entregarlos al cártel Guerreros Unidos, con el que hacían buenos negocios, pues la ruta Guerrero-Chicago de la droga era una de las más rentables.
3) No puede dejar de mencionarse, apuntan los susodichos observadores, que Andrés Manuel López Obrador apapachó a ese par de pillines. Se sospecha, nada más se sospecha, que el “mesías tabasqueño” recibía carretadas de dinero sucio proveniente de la minita de oro del “matrimonio modelo” del presidente municipal de Iguala y su primera dama, para apoyar la causa.
4) Una vez que la Procuraduría General de la República se hizo cargo de este espinoso asunto, al entonces procurador Jesús Murillo Karam se le enredaron las pitas, por lo que tuvo que salir con eso de la "verdad histórica".
5) El gobierno federal, queriendo limpiar la imagen, aceptó la sugerencia del embajador de México en la OEA, Emilio Rabasa, de crear una Comisión Internacional que investigara los hechos, lo que no era mala idea, reconocen. Lo malo fue que le dieron ese encarguito a Emilio Álvarez Icaza, quien creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos (aunque varios resultaron bisoños) que investigó el caso durante varios meses. El mencionado grupito llegó a otra verdad no histórica: para incinerarlos en el basurero de Cocula se necesitaban kilos de leña, miles de litros de combustible y otros implementos.
Dicen aquellos que el señor Álvarez Icaza, jefe de ese grupo, quiso aprovechar la oportunidad para arrojar todo su veneno y darle rienda suelta a resentimientos porque no le quisieron dar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. De modo, pues, que la información que proporcionó fue medio sesgada. Hace unos días, la Universidad de Innsbruck dijo que el ADN encontrado en varios huesos analizados sí correspondía a uno de los fallecidos, pero los del Grupo Interdisciplinario no dijeron “ni pío” al respecto. Tal vez porque se les podría caer su verdad.
Con la esperanza de aclarar los hechos y limpiar la imagen, el gobierno federal destinó a la susodicha comisión internacional investigadora un millón de dólares que sirvió para viáticos, estudios, honorarios, etcétera, de los integrantes, pero no consiguió ninguno de los dos objetivos.
¿Y qué sigue?
Bueno, hay que esperar los resultados de la reunión entre el presidente Peña Nieto y los padres de los normalistas para contestar la pregunta. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que serán cuatro los temas de la agenda: búsqueda, investigación, atención a víctimas y política pública.
¡Paciencia, Solín, paciencia!, le decía Kalimán.