Dice Emilio Rabasa, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que no ha tenido enfrentamientos –sólo algunas diferencias– con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el asunto del “grupo de expertos” que investiga el caso Ayotzinapa, para el cual el gobierno mexicano destinó un presupuesto de un millón de dólares, que, dicho sea de paso, quieren que se convierta en permanente.
Para qué discutir sus diferencias si las pueden arreglar a trancazos, sugieren los observadores, quienes recuerdan que fue Rabasa el que sugirió la creación del grupito de supuestos expertos para tratar de limpiar la imagen de México por ese asunto tan espinoso, y sugirió que su “tocayo” la encabezara. La sugerencia no era mala en principio, pero después Álvarez Icaza y los integrantes de la CIDH que visitaron nuestro país a principios de octubre, montaron un bonito espectáculo en Tixtla, Guerrero, donde los recibieron como visitantes distinguidos.
Después, abusando de la hospitalidad y antes de concluir su visita a nuestro país le dejaron un recuerdito: un informe preliminar donde afirman que México vive una grave crisis de derechos humanos.
Sobre el mencionado informe, leí ayer una nota en el periódico La Razón, firmada por Néstor Jiménez, que dice: Con testimonios de casos que datan de 1974 y nueve más de entre 2006 y 2014, incluido el caso Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en México la desaparición forzada es generalizada, además de que consideró que las ejecuciones extrajudiciales son parte de la “grave crisis” en materia de derechos humanos, basándose en los casos de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México, en el que, por falta de pruebas, ya fueron liberados cuatro militares de los ocho detenidos.
En 25 páginas de su informe, la delegación de la CIDH que visitó el país del 28 de septiembre al 2 de octubre pasados, incluyó dos testimonios de familiares de desaparecidos durante los años 70; cinco más sin precisar el año en el que sucedieron, uno de 2006, uno de 2010, dos de 2013 y uno de 2014.
El primero al que hace referencia está en la página 5, en el que establece que un testimonio recabado en el Distrito Federal indica: “En 1974 nos detuvieron a mi papá y a cuatro hermanos, y desde entonces andamos en la búsqueda”, y acusa al Estado mexicano de estar detrás de estos hechos. Para hablar de las desapariciones forzadas, en esta misma página relata: “Fue utilizada en el país en las décadas de 1970 y 1980, cuando el Estado mexicano aplicó una estrategia de contención política y social conocida como ‘guerra sucia’”. En la siguiente página, sin mencionar fecha del testimonio, una persona relata que lleva “más de 40 y tantos años buscando” a sus familiares en Guerrero, por lo que, al menos, este hecho data de 1976.
Al hablar de su relatoría sobre Nuevo León, indica que la madre de un hombre desaparecido aseguró que “hay miles como él”, sin establecer igualmente si se refiere a hechos recientes o de hace décadas. En la página 7 agrega cuatro testimonios: en el primero, una mujer del DF asegura que la amenazaron con “cortarle la lengua” si seguía buscando, aunque no indica fecha. En el otro, de 2013, una mujer de Michoacán cuenta que se mudó a la capital de esta entidad para seguir su rastreo. Los otros dos casos son de Iguala en 2014, y otro de 2010, sin especificar lugar.
En la página 8 habla del testimonio de una mujer que desapareció en Oaxaca el 29 de abril de 2006; en la página 9 indica el caso de una pareja en Nuevo León que busca desde hace meses a su hijo, aunque no aclara si fue en ese periodo.
Dentro del reporte preliminar estipula que la delegación de comisionados de la CIDH sólo visitó el DF, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, por lo que únicamente recorrió el 18.7% de las 32 entidades del país.
¡Ay, Emilito, ay, Emilito y sus chivos en cristalería!
