Para que el gobierno mexicano evite que la “bomba de las pensiones” cause estragos en las finanzas públicas y afecte a los millones de pensionados y jubilados, el estudio que la Secretaría de Hacienda encargó a la OCDE sugiere algunas recomendaciones.
Para empezar, hay que mejorar la sostenibilidad financiera para lo que se requiere aumentar las tasas de contribución, incrementar la edad efectiva de retiro y armonizar las condiciones del mismo, así como garantizar la portabilidad entre los regímenes de pensiones especiales. Además, condicionar parte de las transferencias a los gobiernos locales, a la sustitución de los esquemas existentes y adoptar un plan nacional de pensiones, entre otras cosas. (Lo mismo que sugiere Pedro Vázquez Colmenares en su libro, comentado ayer en este espacio).
Los especialistas mexicanos en la materia han planteado que la contribución obligatoria tripartita (gobierno, empresa y trabajador), que actualmente es de 6.5%, por lo menos se duplique, aunque lo ideal es triplicarla. De ese porcentaje, el trabajador sólo aporta el 1.5%, precisan aquéllos.
La OCDE recomienda también mejorar el periodo de transición para fortalecer el nuevo sistema; aumentar la cobertura, los niveles de contribución y los periodos de cotización. Para ello, el estudio hace recomendaciones sobre mecanismos para incrementar las tasas de contribución, al menos para los trabajadores del sector privado y considerar la introducción de contribuciones obligatorias para los trabajadores independientes. El reporte sugiere medidas para fortalecer el sistema de cuentas individuales, a través de otorgar hoy un reconocimiento de derechos a los trabajadores de transición. Así, la pensión de todos los participantes del sistema estaría basada en la acumulación sucesiva de los ahorros en cuenta individual. Además, con el fin de mejorar confianza y comprensión del público, el reporte propone implementar políticas para alinear las pensiones del sector público con las del sector privado.
En cuanto a la fase de uso de los recursos ahorrados, el estudio de la OCDE recomienda permitir mayor elección de opciones de inversión. También, acelerar la tendencia en reducción de comisiones e incrementar la competencia entre las Afore, a través de mejores incentivos en los procesos de registro, asignación y traspaso de cuentas individuales. Asimismo, sugiere considerar esquemas de licitación y subasta.
Propone evitar retiro anticipado del ahorro; mejorar el funcionamiento del mercado de rentas vitalicias e introducir nuevos productos; promover la compra de rentas vitalicias como una protección frente al riesgo de longevidad, lo cual puede combinarse con retiros programados. Plantea la necesidad de cambiar la legislación para que los pensionados no elijan compañías de seguros que ofrezcan la misma protección a un costo mayor en el caso de pensiones por discapacidad y supervivencia. Asimismo, sugiere evaluar costos y beneficios de que los oferentes de rentas vitalicias sean subsidiarias separadas de su casa matriz.
Considerando la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida de la población, se deberán actualizar regularmente las tablas de mortalidad y garantizar que se utilicen las adecuadas y tomar en cuenta mejoras futuras en la mortalidad y en la esperanza de vida, con el fin de mejorar la gestión del riesgo de longevidad.
Según la Secretaría de Hacienda, el estudio de la OCDE representa una excelente base técnica para poder iniciar un diálogo social y político en materia pensionaria que le permita al país tomar decisiones en el futuro sobre este importante tema.
Agenda Previa
El campo sigue dando buenos frutos. En Puebla, por ejemplo, el sector agropecuario registró un incremento real de 23.4% en el segundo trimestre de 2015, con respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras del INEGI. Ahí la lleva el secretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, con sus estrategias de atención al campo, porque la cifra está muy por arriba de la media nacional, que apenas es del 2.7%.
