Hace poco más de dos meses, uno de los “amanuenses” del secretario de Hacienda argumentaba –en un artículo periodístico– por qué era urgente y necesario reformar el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, mejor conocido como Pensionissste, para lo cual el presidente Enrique Peña Nieto había enviado una iniciativa de ley al Congreso de la Unión.
Creado en 2008, el Pensionissste ha logrado establecerse como una institución del Estado mexicano, administradora de fondos para el retiro, que ofrece rendimientos competitivos, cobra la comisión más baja del mercado y realiza un trabajo notable para fortalecer el ahorro pensionario de sus afiliados, decía el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Pero requiere de una mayor autonomía operativa, normativa y de gestión, que le permita utilizar sus recursos de manera estratégica en actividades fundamentales que beneficien a sus cuentahabientes. Las actividades que deben fortalecerse en la institución incluyen: la contratación de una fuerza de ventas que permita ofrecer las mejores condiciones de atención al cliente (a los 100 promotores del organismo les pagan un salario miserable; no les dan bonos, comisiones ni nada parecido, le faltó decir); la administración de una red de oficinas a nivel nacional, y el desarrollo y administración de infraestructura tecnológica conforme a los requerimientos regulatorios… la iniciativa prevé que los bienes, derechos y obligaciones, así como el presupuesto del organismo, se traspasen a la nueva institución, por lo que su creación no generará un costo adicional para el Estado. Asimismo, los servidores públicos del ISSSTE adscritos al organismo continuarán siendo parte de la nueva institución pública, respetando en todo momento sus derechos laborales conforme a la ley, explicaba.
La iniciativa del Ejecutivo no privatiza al Pensionissste, aclaraba Aportela. La participación en esta entidad paraestatal quedará limitada al gobierno federal; la nueva sociedad seguirá siendo una institución pública en beneficio de los trabajadores mexicanos. El cambio propuesto no modificará o afectará los diferentes procesos de otorgamiento de pensiones, ya que éstas seguirán otorgándose conforme a lo establecido en la reforma a la Ley del ISSSTE, publicada el 31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
No nos vamos a “refritear” todo el comentario del doctor, pero hay que reconocer que es lo más sensato que hemos leído de sus intervenciones sobre diferentes temas.
El miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para transformar el susodicho sistema de pensiones. En las discusiones, el diputado del Partido Verde, Javier Herrera Borunda, aportó otros elementos que los legisladores tomaron en cuenta para apoyar la transformación del organismo:
Actualmente el Pensionissste, a diferencia del resto de administradoras de fondos de retiro, se encuentra sujeto a un régimen jurídico especial, aplicándole la regulación propia de un órgano desconcentrado (por lo que la contraloría, el director de la institución, et al., “le meten mano”, opina el columnista). Al ponerlo a competir con las demás afores, esas ataduras jurídicas –no obstante otorgar uno de los mejores rendimientos del mercado, la comisión más baja entre sus competidores y otras ventajas– provocan que siga perdiendo clientes. Entre el 2012 y el 2014 se registró una migración neta de 39 mil 718 cuentas individuales, equivalente a la administración de 51 mil 232 millones de pesos, lo que sin duda pone en riesgo la viabilidad del sistema y el futuro de los trabajadores, documenta el diputado Herrera.
Peor se las cuento, acota el columnista, algunas afores líderes del mercado pusieron en práctica desde hace varios años un plan de “cazarrecompensas”, que consiste en que por cada trabajador ingenuo que le quiten al Pensionissste les pagan a sus promotores un bono de 25 mil pesotes. De continuar operando como lo ha hecho durante siete años, las afores privadas se lo iban a comer, de ahí pues la relevancia de su transformación.
