En el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública de 2014, el auditor Superior de la Federación confirmó lo que todo México sabía: Que la opacidad en el gasto público federalizado es el “pan nuestro de cada día”; que la impunidad sigue predominando; que los Órganos de Control Interno (OIC) se convirtieron en cómplices de los funcionarios públicos, entre otras cositas.
La ASF observó también que existen varios miles de millones de pesos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de la Federación; falta de documentación comprobatoria del gasto; retenciones no enteradas a terceros institucionales; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; pagos improcedentes o en exceso y muchas, pero muchas más triquiñuelas.
El informe destaca que gracias a la revisión a la Cuenta Pública 2014, se recuperaron más de seis mil millones de pesos con fecha de corte al 5 de febrero de 2016, pero “andan bailando” -porque no están solventados- 42 mil 702 millones de pesos.
La principal aportación de este documento, dice el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, es la identificación de las áreas de riesgo clave en el aparato gubernamental, que enfrentan circunstancias que afectan el funcionamiento de las políticas y programas públicos. Algunas de esas áreas son:
-Información sobre beneficiarios de programas sociales: no se ha podido implementar una estrategia, a nivel nacional, que permita contar con un padrón único. La diversidad de registros existentes muestra una falta de control y calidad en la información de los receptores de los apoyos, lo que repercute en el impacto del programa social o del subsidio. ¡Ahí está el detalle!, diría Cantinflas.
-Adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen, en términos generales, la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado.
-La práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y, además de que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos casos se ha determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción.
¡La “untada de mano”!, apuntan los observadores.
-Obra pública: La ASF observó -independientemente del ámbito de gobierno o de la dependencia responsable- la existencia de problemas recurrentes en torno a los siguientes procesos: (1) inoportuna o deficiente planeación, contratación y ejecución de los trabajos; (2) incumplimiento de los términos contractuales; (3) modificaciones al proyecto original ejecutivo; (4) incrementos importantes en el monto de inversión; (5) prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación -con la consecuente repercusión social y económica-, y (6) serias deficiencias en el control y supervisión de los proyectos.
-Servicios suministrados por particulares: la fiscalización superior ha permitido determinar que la participación del sector privado en tareas de orden público no ha estado exenta de deficiencias en materia de cumplimiento de objetivos, discrecionalidad en la toma de decisiones, calidad de los bienes y servicios ofertados, su oportunidad y transparencia. Aunado a lo anterior, la utilización de empresas privadas para el suministro de bienes y servicios no ha estado necesariamente acompañada de mejores procesos administrativos que eviten vicios e irregularidades, faciliten la supervisión y el control por parte de las autoridades competentes o representen una mayor satisfacción de los usuarios de los servicios en cuestión.
¡Y tanto que se quejan los del Consejo Coordinador Empresarial de la corrupción!, apuntan los observadores.
¿Y qué dice “ricitos de oro” a todo esto?
