Ejecutivos de la empresa española CAF, socia mayoritaria de Ferrocarriles Suburbanos, que opera el trenecito Buenavista-Cuautitlán, informó que gracias a la generosidad y a los buenos oficios del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el gobierno federal le prestará una lana a ese consorcio para que pague los créditos que tiene con los bancos y para que amplíe aquél hasta Huehuetoca.

 

Aunque los susodichos ejecutivos no precisaron de a cuánto va a ser el “trancazo”, perdón, el monto del préstamo, subsidio, aportación, rescate… aclararon que lo que les den no se irá a fondo perdido porque lo van a aplicar a la concesión. “El gobierno federal lo que está garantizando es que los bancos siempre tendrán el pago de servicio completo de la deuda hasta la terminación del crédito en el 2021”, precisaron aquéllos.

 

¿Y el gobierno por qué?, es la pregunta. Pues porque parece ser que es el culpable de que los usuarios que se requieren para que el negocio sea rentable (unos 240 mil diariamente) no utilicen el trenecito.

 

La realidad, sin embargo, es que desde hace varias semanas el titular de la SCT y varios de sus funcionarios se han dado a la tarea de diseñar algunos esquemas financieros para “auxiliar” a la empresa concesionaria del mencionado trenecito, que enfrenta serios problemas financieros por “errores de cálculo” cometidos cuando elaboraron el proyecto (hace más de ocho años).

 

Primero, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, Guillermo Nevárez, informó hace tres semanas que la SCT estaba “cabildeando” con la Secretaría de Hacienda una asignación de 4 mil 500 millones de pesos para ampliar hasta Huehuetoca, Estado de México, la línea del tren suburbano, asunto que, según confesó ayer el secretario Gerardo Ruiz Esparza, va muy avanzado. “El chiste es que no se cancele…Y fíjese qué compromiso tan fuerte al decirlo a los medios de comunicación”, presumió. ¡Pues qué “paleros” los dos funcionarios!, exclaman los usuarios, quienes preguntan: ¿Por qué tenemos que pagar los errores de la empresa concesionaria?

 

Pero además de los recursos para la comentada ampliación, los de CAF están solicitando que el gobierno garantice los créditos que pidieron los concesionarios para hacer realidad el sueño del mencionado trenecito, como decimos líneas arriba, y también les van a conceder ese deseo.

 

¡Sigue prometiéndoles más lana, Gerardo, al fin no es tuya!, exclaman los contribuyentes.

 

Agenda previa

 

Después de lamentar y condenar los hechos ocurridos en el centro de recreación, perdón, en el penal de Topo Chico –que son una afrenta al Estado de derecho y a las instituciones–, el Senado exhortó a las autoridades estatales de Nuevo León a investigar expeditamente lo ocurrido; a esclarecer los acontecimientos y a que inicie una investigación en torno a los funcionarios penitenciarios y de seguridad, para determinar responsabilidades. Pide también a las autoridades responsables garantizar la reparación del daño a las víctimas y brindar todas las atenciones a los familiares de los fallecidos.

 

En otros asuntos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) se pronunció el miércoles pasado a favor del gobierno federal en el juicio de reversión de la expropiación de nueve ingenios azucareros presentado hace más de una década por Enrique Molina Sobrino, propietario de CAZE. La votación de los magistrados que estudiaron dicho asunto fue unánime (5 a 0).

 

Durante varios años CAZE argumentó que la expropiación de sus ingenios era ilegal porque no se demostró la utilidad pública. Molina aprovechó un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, publicado el 23 de julio del 2012, donde estableció que para que Servicio de Administración y Enajenación de Bienes vendiera los ingenios en cuestión, debería resolverse primero el juicio de reversión. En dos licitaciones públicas, el organismo colocó entre inversionistas siete de las nueve fábricas, a pesar de los intentos de CAZE por evitarlo. Se entiende que con la decisión del tribunal, la mencionada venta queda libre de cualquier reclamo legal que haga CAZE.

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