Hace más de tres años, antes de las elecciones presidenciales, los especialistas advertían de la grave crisis en el sistema de pensiones que México enfrentaría en el sexenio 2012-2018, con una premonición: “Un día de éstos, no muy lejano por cierto, millones de trabajadores jubilados y pensionados van a despertar con la siguiente noticia: No hay dinero para pagarles”.
Terminó el sexenio de Felipe Calderón y en el actual se tardaron tres años en entrarle al tema. Bueno, es que para empezar la Secretaría de Hacienda le encargó a la OCDE un diagnóstico, y los buenos muchachos de José Ángel Gurría se tardaron un poquito para llegar a las mismas conclusiones a las que en 2012 llegó Pedro Vázquez Colmenares en su libro titulado Pensiones en México; la próxima crisis, donde apunta:
“En 2006 había tres millones de pensionados, pasaron a 4.1 millones en 2010 y por ahí de 2020 serán más de ocho millones; los planes públicos de pensiones estudiados tienen pasivos por 3.3 billones de pesos, y constituyen más del 30% del PIB. Las obligaciones laborales y por pensiones ya son 11 veces la deuda neta del país, lo que puede poner en riesgo las finanzas públicas de la siguiente administración” (la de Peña Nieto, pues). Y sigue:
“La mayoría de los sistemas públicos de pensiones en crisis pertenecen a los estados, los municipios y las universidades públicas; lo mismo están en crisis los institutos de pensiones de los estados de Nuevo León, Veracruz o Puebla, la Dirección de Pensiones de Durango o de Tamaulipas, los planes de pensiones municipales de Torreón, Saltillo o la ciudad de Oaxaca, que los de las universidades autónomas estatales de Guerrero, Zacatecas, Colima o Morelos, o en penurias pensionarias las universidades de Guadalajara, de Guanajuato, la Benito Juárez de Oaxaca o la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y muchos, muchos más. La lista de instituciones estatales y universidades con problemas suma casi 90 casos…”
Agrega que el asunto de las pensiones es un tema eminentemente social y político con una urgente necesidad de solución financiera. "No se trata de encontrar culpables o de mirar al pasado. Eso nada soluciona. Lo fundamental es verlo como un tema de Estado. Lo inmediato e inminente es levantar una alerta nacional sobre el asunto y pedir a todos los involucrados corresponsabilidad en la discusión y diseño de la solución de un asunto de envergadura nacional". El primer requisito para resolver el problema es aceptarlo. Los gobernadores, los legisladores, los rectores de universidades, los líderes de los sindicatos públicos y los patrones que ofrecen pensiones a sus trabajadores deben hacer la tarea.
¡La bomba de las pensiones ya nos explotó y ni cuenta nos habíamos dado!, apuntaba hace más de tres años Pedro Vázquez Colmenares.
¿Y qué dice la OCDE al respecto en el trabajito que le encargaron?
Qué lástima, se acabó el espacio.
Por cierto, hablando de la bomba de las pensiones, en donde ya empezaron a desactivarla fue en Petróleos Mexicanos, donde el Sindicato de Trabajadores de la empresa firmó un convenio que establece que para los trabajadores de nuevo ingreso aplicará un esquema de cuentas individuales con aportaciones tanto de los trabajadores como de la empresa. A este esquema podrán acceder voluntariamente también los actuales trabajadores sindicalizados, con las ventajas que ello representa, como las aportaciones complementarias por parte de la empresa, la portabilidad hacia otras cuentas y el ahorro voluntario con sus beneficios fiscales. Asimismo, para los trabajadores con menos de 15 años de antigüedad se incluyen nuevos parámetros de jubilación, al incrementarse de los 55 años de edad y 30 años de antigüedad, para una pensión equivalente al 100%, a 60 años de edad y 30 de antigüedad. Con estas medidas, será posible lograr una importante reducción del pasivo laboral de la empresa, que asciende actualmente a un billón 500 mil millones de pesos.
¡Venga!
