Ahora resulta que los contribuyentes vamos a tener que pagar, una vez más, los quebrantos de algunas empresas constructoras a las que el gobierno federal les concesionó autopistas, porque a aquellas les fallaron los cálculos financieros cuando hicieron los proyectos, o no consideraron ciertas obritas.
El primer rescate carretero del que se tiene memoria ocurrió en 1997, y le costó a los contribuyentes más de 60 mil millones de pesos, aunque el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, le quiso “dar atole con el dedo a la sociedad”, diciendo que los recursos que aportaría el gobierno nada más serían 19 mil millones de pesos; los otros 41 mil millones los iba a dar el flujo vehicular de las carreteras. Además, a los usuarios se les otorgó un descuentote de 15%. ¡A otro perro con ese hueso!, le espetaron al funcionario.
Las principales beneficiadas, aunque la SCT dijo que resultaron afectadas, fueron ICA (que nada más tenía nueve concesiones), Tribasa (6), Grupo Mexicano de Desarrollo (3), Protexa, Alfas y Gutsa, que completaban las 23 autopistas rescatadas.
Casi 20 años después de aquel salvamento, la misma dependencia está pensando en una acción similar. Según el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta, están negociando con ICA una ampliación en los plazos de concesión de cuatro autopistas donde participa el consorcio. Y es que, según el funcionario, a los empresarios se les acabó “el cash” porque en la construcción de algunos tramos tuvieron que hacer nuevas vialidades que no estaban contempladas en el proyecto, utilizar materiales de la región y realizar obras sociales como escuelas. Ya nada más le faltó decir a Murrieta que también le pagaban a los maestros, cubrían el costo del transporte escolar y les daban su lunch a los alumnos.
No contento con tantas estulticias, el subsecretario abundó: “Si llegamos a la conclusión de que efectivamente se le tiene que reconocer a ICA una inversión…”, el gobierno sólo tiene “de dos sopas”: ajustar las tarifas y ampliar el plazo de la concesión. Ellos quieren la ampliación del plazo (actualmente tres de las cuatro concesiones son a 30 años), porque estaríamos hablando de ajustes de tarifas de tres autopistas que todavía no empiezan a operar, precisó el defensor de los dueños de ICA, perdón, el señor Murrieta. Y por qué mejor no les quitan la concesión en las tres autopistas que están en construcción, sugieren algunos especialistas.
¡Eso sí que no!, podría responder la SCT, que ya le ha hecho un par de “favorcitos” a los dueños de ICA. De verdad que no tienen lo que dijo Nelson Vargas, apuntan los indignados.
Agenda previa
En el negocio del polvito blanco (azúcar), el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa otorgó una suspensión definitiva a favor del Grupo Azucarero Escorpión (CAZE) para la venta del ingenio Emiliano Zapata, lo que causó revuelo en algunos medios. Quienes conocen del tema jurídico opinan que la decisión del juzgador está fuera de tiempo, pues la venta se consumó el 12 de junio del año pasado, y se hizo conforme lo estipulado por la ley en ese momento; “fue un proceso abierto, público y en estricto apego a derecho, lo que procede será conforme a lo que actualmente se tiene, no se puede deshacer un asunto cerrado”, dijeron.
Llama la atención que en la mencionada licitación se informó oficialmente que CAZE no presentó amparo alguno contra la venta. Más aún, que la suspensión definitiva haya sido otorgada en enero sólo para un ingenio, cuando en aquella fecha se ofertaron nueve fábricas, de las cuales se adjudicaron cuatro (Atencingo, San Cristóbal, Emiliano Zapata y Casasano).
De modo pues, dicen los que saben, que los dueños del grupo Beta San Miguel, que adquirieron Emiliano Zapata, no tienen de qué preocuparse. En el último de los casos, será el gobierno federal el que tendrá que responder por cualquier acción judicial que haya promovido o promueva el antiguo propietario. Por lo pronto, parece, nada más parece, que Enrique Molina Sobrino “se quedó chiflando en la loma”. ¿Será?
