La crisis en las relaciones Estados Unidos-México en materia de narcotráfico y sobre todo de cárteles delictivos no es nueva y remite a los no muy lejanos 1984-1986. El asesinato del gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, destapó la protección de oficinas gubernamentales de alto nivel a los nacientes traficantes de mariguana en Guadalajara.
Y el dato no es menor porque revela un problema gravísimo de carácter político, gubernamental y de Estado: los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero aparecieron como responsables del secuestro del agente antinarcóticos de EU y el aparato político de la Casa Blanca inició una ofensiva para denunciar lo que hoy se ha vuelto a subrayar inclusive de manera grosera, agresiva pero real: narcos y políticos “han dormido en la misma cama”.
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La crisis de 1984-1986 se reproduce ahora mismo, pero con la circunstancia agravante de que el problema de la narcopolítica se sintetiza en las acusaciones contra el gobernador Rocha Moya y nueve cómplices, con revelaciones de otros políticos y otros funcionarios con el Cártel de Sinaloa.
La lógica política indicaría que toda la ofensiva estadounidense en esos años contra el Estado mexicano debió de haber vacunado a las instituciones públicas de las complicidades con el narcotráfico. Si se recuerda, en aquellos años hubo acusaciones concretas contra dos políticos que habían gobernado Sinaloa y nada menos que contra el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad como policía política del Estado, José Antonio Zorrilla Pérez, por apadrinar al narcotráfico.
La actual solicitud oficial de arresto con fines de extradición de Rocha Moya y cómplices, las revelaciones de Los Ángeles Times de otros dos mandatarios presuntamente involucrados y la narcolista que de una u otra manera ha llegado a Palacio Nacional prueban que el problema está en México y no en Estados Unidos.
Zona Zero
- En mayo de 1984, el columnista Manuel Buendía publicó en su espacio periodístico Red Privada, en Excélsior, la denuncia de nueve obispos católicos de la zona sur en el sentido de que los mariguaneros ya se habían apoderado de territorio campesino para producir droga. El título del texto periodístico fue un llamado de alerta: Seguridad Nacional. Sin embargo, la autoridad gubernamental miró para otro lado, Buendía fue asesinado y el narcotráfico escaló hasta la narcopolítica y, según Trump, el narcoestado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh