Logren o no su objetivo de paralizar la capital de la República por paros camioneros y campesinos en las principales carreteras de acceso a la ciudad y con el agregado de otras corrientes con otras agendas que han tomado las calles como campo de batalla, el caso es que los márgenes de maniobra política y social del Gobierno federal se están cerrando y sólo se podrán abrir con negociaciones de agendas concretas y no con las promesas incumplidas de siempre.
La inseguridad en las carreteras y en las ciudades, la toma de decisiones educativas que no han satisfecho compromisos pactados, el gravísimo problema de productores agropecuarios que lo mismo padecen las extorsiones del crimen organizado que de los intermediarios y hasta casos muy específicos la delincuencia a nivel de colonia llevan al bloqueo de calles y vialidades que interrumpen la vida productiva.
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Una cosa es que el desdén de sexenios anteriores no encuentre posibilidad de acuerdo en las zonas actuales y otra cosa que se estén atendiendo problemas no para encontrar soluciones sino sólo para desbloquear calles.
En el pasado, y no hace mucho, el régimen priista tenía estructuras corporativas de organización partidista que canalizaban las inquietudes de sectores sociales, políticos y productivos; y ahora Morena tiene prácticamente el mismo control que el viejo PRI pero carece de las estructuras de organización social dentro del partido para evitar que grupos sociales la tomen por la libre y le resten gobernabilidad al día con día.
Más que restaurar las viejas estructuras de control corporativo que se deshicieron en el PRI y que nunca existieron en los gobiernos federales panistas, lo que se necesita es la funcionalidad de las oficinas públicas para resolver problemas directamente con la sociedad y evitar que la posposición de soluciones derive en conflictos de la vialidad.
El problema no es de Morena sino de la estructura del Gobierno federal.
Zona Zero
- La prisa por resolver en el ámbito mediático el asesinato del alcalde Carlos Manzo dejó muchos cabos sueltos que ya comenzaron a chicotear en el ambiente de seguridad, entre ellos una segunda investigación que habría anulado la parte sustancial de la primera y que ahora está prácticamente acusando a los escoltas del munícipe como corresponsables del asesinato. Y lo paradójico es que algo similar ocurre en el caso Colosio con el arresto del agente del Cisen en 1994, Jorge Antonio Sánchez Ortega, hoy acusado nuevamente como segundo tirador y reabriendo la agenda del crimen de Estado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh