La reunión de Estado entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos esta semana bien podría naufragar por la necesidad unilateral de la Casa Blanca por centrar la agenda general en temas de seguridad criminal y resumir la intención estadounidense en la revalidación de la enclenque, ineficaz y no viable Iniciativa Mérida.

México lleva en su portafolio el tema que se podría generalizar en el expediente de “narco en Estados Unidos” o las evidencias de que la Casa Blanca nada hace para combatir el consumo de drogas, ha permitido la instalación de células de 11 cárteles mexicanos dentro de EU para controlar el mercado al menudeo, y sigue culpando a los países productores y las organizaciones criminales extranjeras.

La propuesta mexicana en seguridad implica la incorporación a la discusión y acuerdos del enfoque social y eludir la presión estadounidense de persecución de capos y cárteles. El problema del tráfico de drogas se ha señalado hasta el cansancio: habrá droga y grupos criminales en EU mientras exista una creciente demanda de consumidores americanos. Y la droga seguirá entrando a territorio americano también por la corrupción de funcionarios de ese país.

La Iniciativa Mérida fue firmada por Bush y Calderón en 2008 y México carecía de infraestructura, leyes y programas locales de lucha contra el crimen organizado. El presidente López Obrador va a resistir las presiones estadounidenses para modificar su estrategia de “construcción de la paz”, y Biden buscará presionar para que México reanude la persecución de narcos y bandas y regrese al modelo de “guerra contra el narcotráfico” que ha demostrado su fracaso.

Biden buscará resarcir su imagen de fiasco en Afganistán y México querrá salirse de esa lógica geopolítica de la Casa Blanca.

 

Zona Zero

El tema de migración en la Cumbre debiera de ampliar los escenarios. Ya no se debe tratar de contener con tropas los flujos mexicanos y centroamericanos que quieren entrar a EU, sino aprobar iniciativas para combatir de manera conjunta a grupos delictivos que se dedican al tráfico de personas. Y ahí EU debe reconocer la corrupción de sus propios funcionarios, porque sin ellos no existiría el negocio de los coyotes como cárteles delictivos en la frontera México-EU.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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