El 5 de diciembre pasado, se publicó en el Diario Oficial el programa especial para la prevención de la violencia y la delincuencia 2022-2024, pero en la cresta del estallamiento de una crisis de seguridad en varios estados de la República, sobre todo Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero.
Este programa especial complementa el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, y entre los dos se esperaría una ofensiva de respuesta pública lo suficientemente fuerte por parte del Estado no solo para recuperar el control de la seguridad de fuero común, sino para avanzar en el desmantelamiento y destrucción de los grupos delictivos.
El programa para la prevención de la violencia y la delincuencia tiene dos plazos: el 2024, con la “disminución de la percepción de inseguridad y el aumento de la confianza del pueblo en sus instituciones policiales” y en 2040 —dentro de 18 años— “se visualiza un estado sólido” y “el pueblo disfrutará de mejores índices de bienestar, existirá un círculo vicioso entre desarrollo y seguridad”.
Como todo programa y plan, los planteamientos de los dos programas especiales contienen la retórica lógica de compromisos por alcanzar, pero para el corto plazo no hay ninguna modificación en la estrategia de seguridad pública basada en la construcción de la paz, a través del compromiso de las bandas criminales de disminuir su violencia y de dejar de disputarse entre ellos los territorios y regresarle al Estado los espacios e instituciones apropiados.
El compromiso adicional insiste en la articulación de funcionamiento de la seguridad entre la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, de tal manera, dice el programa especial, que en 2040 “nuestras instituciones policiales serán un referente en Latinoamérica en cuanto a solidez, confiabilidad y efectividad”.
Pero mientras tanto…
Zona Zero
- La crisis política en Perú y los posicionamientos del presidente López Obrador respecto al arresto del mandatario Pedro Castillo descolocaron a la política exterior del Estado. El problema no estuvo en los dichos presidenciales, sino en la ausencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la gestión de las respuestas del Estado mexicano, creando una crisis electoral interna en México con un asunto de perfiles diplomáticos.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
