El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo parece que tendrá que pagar los costos de una decisión que se tomó el 15 de septiembre de 2023: la extradición oficial a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y en ese momento jefe en funciones del Cártel de Sinaloa.
No se tienen datos de la negociación secreta México-EU para esa extradición, pero había suficientes datos para saber que el sistema judicial estadounidense no sirve para impartir la justicia, sino para negociar informaciones de delincuentes a cambio de disminución de penas carcelarias.
Por ello, hoy no son suficientemente válidos los argumentos mexicanos de que EU debe entregar pruebas contundentes a México sobre los presuntos nombres y hechos delictivos de funcionarios y políticos que habría estado delatando Ovidio para conseguir beneficios en su prisión y, sobre todo, para la protección de su familia.
Estados Unidos, en los hechos, nunca ha presentado más pruebas que las que le sirven para sus propias decisiones. Y ahora no se trata sólo de Ovidio, sino que en la lista de presos en EU con información política delicada sobre México estarían Ismael El Mayo Zambada, Genaro García Luna, Joaquín Guzmán López y otros delincuentes menores.
De poco servirán las exigencias mexicanas. Ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos ya está procesando expedientes de empresas financieras y sus dueños y familiares por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, entre ellos el empresario Alfonso Romo, sin hacer caso mínimo a la exigencia mexicana de que debe entregar pruebas.
La declaración del viernes de la presidenta Sheinbaum en el sentido de que se exigirían pruebas contundentes en caso de que se aireen nombres de funcionarios y políticos mexicanos cómplices del Cártel de Sinaloa no fue sino el aviso del diluvio que se le viene encima al Gobierno mexicano por el modelo de seguridad lopezobradorista de “abrazos, no balazos” que constituyó el caminito que siguieron muchos funcionarios y políticos para aliarse a los negocios del Cártel de Sinaloa.
Zona Zero
- No se tiene información oficial, todavía, pero hay que estar atentos a la posibilidad de que la visita del secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, que había anunciado el vicesecretario Christopher Landau, no se realice en el corto plazo, porque es probable que esta misma semana comiencen a conocerse algunos datos de funcionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. De todos modos, la estrategia de relación unilateral de Estados Unidos con México sigue su marcha.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh