Hasta ahora, la estrategia gubernamental mexicana respecto al caso del secuestro de Ismael El Mayo Zambada se está centrando sólo en el operativo y quién lo ordenó. Pero el punto delicado será llegar a la exigencia de que “nos regresen” al capo y aquí habría que liberarlo porque no hay orden de aprehensión en su contra.

Si hubiera malicia en los estrategas de seguridad de EU, ya habrían aprovechado cualquier oportunidad para regresar a México a uno de los dos líderes del Cártel de Sinaloa y en ese momento lanzar la gran campaña de que México protege a los narcoterroristas.

En el escenario se podría repetir el caso del médico Álvarez Machain, quien fue secuestrado por la DEA en 1990, bajo el cargo de haber asistido en la tortura y asesinato de la gente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar. Pero luego de un litigio mexicano, lo tuvieron que regresar a México en 1992 porque había sido secuestrado violentando las leyes.

Pero hasta ahora, en el Gobierno mexicano están enredándose en la definición primero del delito de secuestro, luego de la violación de la Ley de Seguridad Nacional y finalmente del escenario de solicitar el regreso de El Mayo para ser liberado por falta de una verdadera orden de aprehensión.

Pero mientras son peras o son manzanas, El Mayo ya negoció con Estados Unidos intercambio de información a cambio de una prisión con alto grado de atención médica a enfermos casi terminales y en estos días, en venganza, ya “despepitó” la estructura del narcotráfico y la política en Sinaloa, con derivaciones que afectan la política nacional los altísimos -pero altísimos- dirigentes de la 4T.

Hoy ya se sabe de la narcopolítica en Sinaloa con varios de los narcos que México entregó en los últimos tiempos. E inclusive hay quien piensa que la justicia estadounidense es capaz de retorcer sus reglas e intercambiar a El Mayo que ya ha confesado por Rubén Rocha Moya.

Y en ésas nos encontramos.

 

Zona Zero

  • Aunque ha habido muchas declaraciones y varias de ellas contundentes, no existen indicios de que la 4T en realidad tenga ya un mecanismo de filtros -porque serían varios- para evitar que candidaturas federales y estatales beneficien a los cárteles del narcotráfico, sobre todo a los considerados por EU como narcoterroristas. Las plazas de Guerrero, Michoacán y Sinaloa serán la prueba de fuego para ver si la lucha contra narcopolítica es de a de veras en Morena o sólo se trataría de una de las muchas promesas incumplidas.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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