Una verdadera guerra política está definiendo las relaciones bilaterales México-Estados Unidos: la cabeza fría de Palacio Nacional para no ceder a ningún acusado de narcopolítico y la cabeza sobrecalentada de la Casa Blanca para seguir manteniendo la acusación de que México es un narcoestado que está siendo gobernado por los intereses del narcotráfico.
Aunque aquí quieran reaccionar con la frialdad más de quien carece de respuestas y reacciones que como estrategia de contención del adversario, las afirmaciones del presidente Trump debieran preocupar por la forma y la circunstancia, aunque se puedan tener evidencias de una relativa razón en su señalamiento.
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A un mensaje de la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos en el sentido de que el expediente de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve acusados de narcopolítica no presenta pruebas contundentes -como si las hubiera en cualquier sistema judicial del planeta-, correspondió la última -pero no la última- declaración de Trump en el seno del Grupo de los 7 que arañó a la presidenta de México.
No es difícil imaginar el rostro de sorpresa de los jefes de Estado de esa coalición y de otros invitados -entre ellos el presidente brasileño Lula da Silva, amigo y aliado de la presidenta Sheinbaum- al escuchar que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico y que la Presidenta es una gobernante débil.
Y una cosa es la cabeza fría y otra el pasmo como respuesta: el silencio de Palacio Nacional la tarde del miércoles. Lo peor: ni siquiera una tibia respuesta filtrada en redes, sino el silencio que multiplicó el eco sonoro de una acusación que afecta sin ninguna duda la credibilidad de México en el mundo y sobre todo en el clima de la reunión de jefes de Estado y de gobierno del G7.
Muchas veces ha bastado una reacción y no una respuesta a una de esas afirmaciones que en el lenguaje rijoso sólo “calientan”.
Zona Zero
- Sinaloa es la tierra de nadie, y efectivamente se cumplen ahí las circunstancias previstas por la Constitución para que el Senado de la República declare la inexistencia de poderes -no los desaparece, sino sólo afirma que no funcionan- para destituir a las autoridades locales y designar un gobernador interino que debería tener como condición indispensable un acuerdo político con todos los partidos registrados en el Senado, y no nada más otra vez el insultante mayoriteo guinda. El vacío de poder en Sinaloa es el preludio de una tragedia al parecer inevitable.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh