Por encima del pomposo Entendimiento Bicentenario México-EU, la Casa Blanca ha puesto en marcha decisiones unilaterales que benefician la lógica de la seguridad nacional estadounidense, imponen los intereses de Washington y reactivan la narcoguerra en territorio mexicano.
La DEA ya puso en marcha operativos en México, el Tesoro anunció recompensas contra capos que viven en México, la Casa Blanca aprobó la Ley Zapata para castigar de manera extraterritorial a quienes ataquen a agentes estadounidenses en otros países, Biden se erigió en el factor de definición para certificar qué gobiernos son democráticos y cuáles no y el Gobierno estadounidense aprobó una estrategia contra la corrupción en otros países.
El activismo de la DEA y las recompensas del Tesoro van a modificar la estrategia de construcción de la paz del Gobierno lopezobradorista. Y el escenario no es el mejor: o México se somete al dictado estadounidense o declara ilegales las recompensas ofrecidas para arrestar a capos mexicanos.
El tema más delicado es el de las recompensas porque estaría ya causando inestabilidad al interior de los cárteles mexicanos por el apetito del dinero ofertado. El problema radica en que México todavía no ha determinado órdenes de aprehensión contra esos capos y por tanto las recompensas estadounidenses estarían violentando el sistema jurídico-penal mexicano.
En cambio, en este espacio se ha insistido en el reconocimiento de la DEA de que el tráfico de drogas y su venta en las calles de ciudades estadounidenses está controlado por cárteles y bandas mexicanas que operan con impunidad en las calles de EU en reciprocidad, México debería establecer recompensas contra narcos en Estados Unidos.
Las decisiones estadounidenses de seguridad extraterritorial violan la letra y el espíritu del Entendimiento Bicentenario a horas de ser formalizado.
Zona Zero
- Las encuestas tienen la lectura que se quiera. Un sondeo de El Financiero el 8 de diciembre arrojó datos significativos sobre la participación militar: subió de 39% en julio a 44% en noviembre la aprobación de la militarización, en tanto que el desacuerdo apenas tuvo un aumento de 52% a 53%. Además, creció de 68% a 73% la aprobación de que el ejército siga en seguridad pública. Las fuerzas políticas y las Ong no están entendiendo a la sociedad respecto a los militares.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
