El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, abrió cajones de expedientes que están pendientes detrás del optimismo gubernamental de antes y ahora sobre el control de la seguridad: los muertos por el COVID, los homicidios dolosos, las masacres del crimen organizado, la impresionante cifra de desaparecidos y los desplazados que abandonan sus hogares huyendo de la violencia.
Las políticas gubernamentales no se deben agotar en las cifras de resultados cuantitativos, sino que la dimensión del efecto social de la inseguridad abre expedientes pendientes que necesitan de la voluntad del sector público para no ocultarlos, a pesar, inclusive, que son evidencias a la luz del día.
Los titubeos en la mañanera de Palacio Nacional y el posicionamiento oficial de la Fiscalía General de la República el miércoles en una conferencia de prensa que era innecesaria porque no hubo prácticamente nada que informar solo dejaron entrever la continuidad de la falta de empatía de las autoridades federales estatales y municipales con los sectores populares afectados por la violencia criminal.
Los funcionarios parecen no haber aprendido de sus propios errores directos o indirectos: el posicionamiento oficial sobre el rancho Izaguirre ha debido tener como segundo pensamiento el expediente abierto y todavía muy caliente de Ayotzinapa y la verdad histórica y hasta ahora no se ha podido refutar con las nuevas indagatorias.
Palacio Nacional, al parecer, fue atrapado fuera de base y no supo fijar un criterio de comunicación social adecuado para responder al impacto brutal en medios de los zapatos y ropas que presuntamente habrían pertenecido a personas ajusticiadas.
El gobierno actual está cometiendo el mismo error que el anterior en la falta de sensibilidad social con los afectados directos por la violencia: las madres buscadoras van a ser siempre un peso negativo en las justificaciones oficiales, pero sigue habiendo negativa para incorporarlas a las estructuras de seguridad.
Zona Zero
- Parece que el minoritario Partido Verde va a capitalizar políticamente la decisión de cancelar los toros en modo tradicional e inventar un modelo de toros en violencia que solo dice que los funcionarios no tienen ni la más mínima idea de lo que es una corrida. Pero la mayoría de Morena en la Ciudad de México va a tener que prepararse para votos en contra de los cientos de miles de aficionados taurinos que no fueron consultados. Así es la política, pues.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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