Carlos Ramírez
Hay ocasiones concretas en las que el presidente López Obrador tiene razón al responsabilizar al pasado de muchos problemas del presente. En su artículo del sábado en El Universal, el hoy académico Sergio García Ramírez reclama al Gobierno la crisis de seguridad.
Experto en derecho penal y derechos humanos, García Ramírez fue procurador general de la República en el sexenio delamadridista 1982-1988, justo el periodo en el que se crearon los primeros cárteles del narcotráfico con el apoyo directo de las policías Judicial Federal de la PGR y Federal de Seguridad de Gobernación.
La Policía Judicial Federal en el periodo de García Ramírez protegió a los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto, y un comandante de ese cuerpo de la PGR, Armando Pavón Reyes, atrapó a Caro cuando huía del país perseguido por responsabilidad directa en el secuestro tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
Sin embargo, Pavón lo dejó en libertad cuando Caro se identificó con una credencial oficial de la Federal de Seguridad, pero sin comprobar su veracidad y aceptó un soborno en cheque por diez millones de pesos. En la época de García Ramírez, la PGR asumió crecientes responsabilidades burocráticas en materia de narcotráfico, pero sus policías estaban amafiados con capos y cárteles.
Hoy, desde la academia y la prensa, García Ramírez se olvida de su pasado judicial y político para exigir resultados en materia de seguridad, pero sin reconocer la corresponsabilidad con el periodo de Gobierno en el que el narcotráfico nació y se consolidó como una estructura de poder entretejida con los aparatos de seguridad del Estado.
Y queda para reclamos posteriores la responsabilidad de García Ramírez como procurador del entonces DF en 1971 cuando ocurrió la represión estudiantil del halconazo.
Zona Zero
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La estrategia mexicana de seguridad pública se verá sometida este año a presiones crecientes de la Casa Blanca para abandonar el modelo de construcción de la paz y regresar a la persecución y arresto de los principales capos del crimen organizado. Las recompensas ofrecidas por la DEA fueron el primer aviso de operaciones de seguridad en curso, sin que se tengan indicios de la aprobación por parte de México y de la participación en acciones de agentes extranjeros en territorio mexicano
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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