Todo el debate sobre la iniciativa presidencial para incorporar a la Guardia Nacional al espacio administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se basa en la asunción inflexible de criterios constitucionales, pero se está dejando de lado la nueva configuración de la inseguridad como un asunto de seguridad interior que articula la seguridad nacional y la seguridad pública.
La aprobación de la Guardia y de las Fuerzas Armadas en todas las encuestas se ubica por encima de 80%. Y éste es un dato mayor que todos los análisis presuntamente constitucionalistas han soslayado: las leyes deben ser reflejo de los intereses de la sociedad y no marcos inflexibles de cumplimiento obligatorio.
El problema no se localiza en la Guardia Nacional, sino la existencia de una delincuencia que ya rebasó a los órganos legales de seguridad pública nacionales y estatales y se atreve a confrontar con la violencia al nuevo cuerpo de seguridad. Y como siempre, las Fuerzas Armadas se aparecen como en la última línea de defensa ante una delincuencia que ya está capturando porciones territoriales de la soberanía del Estado.
Hasta ahora, todos los críticos de la Guardia y de las Fuerzas Armadas no quieren reconocer que el repliegue de estos cuerpos de seguridad dejaría el territorio nacional a merced de los intereses de una criminalidad con capacidad de fuego para rebasar a la seguridad pública.
Por lo tanto, el debate no debe darse sobre lo que hoy dice la Constitución sino ajustar la realidad de la inseguridad al hecho de que las actuales limitaciones de la seguridad pública están beneficiando la consolidación de la criminalidad en estructuras territoriales, económicas y de Gobierno.
El adversario, pues, es el crimen organizado/desorganizado y no las fuerzas de seguridad.
Zona Zero
- Zacatecas sigue en proceso de descomposición de seguridad, a pesar de la abstención federal y de las preocupaciones estatales y municipales. La guerra entre dos cárteles está provocando daños civiles colaterales y es en este escenario en el que el Estado debe dar un paso al frente para movilizar toda la estructura de seguridad interior contra las bandas delictivas. La sociedad acota el funcionamiento de las autoridades, en tanto que se hace cómplice de los cárteles.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
