La estrategia antinarcóticos del presidente López Obrador en su sexenio tenía hoyos por todos lados, pero se basó en un punto central que hoy la crisis de seguridad le está dando la razón: atacar a sangre y fuego a los cárteles hubiera mantenido la narcoguerra de Calderón y Peña Nieto y sus cifras de criminalidad.

El problema de la estrategia lopezobradorista fue el que se quedó solo en la inactividad operativa contra los cárteles, porque partía del criterio -que se probó que era falso- de que los narcos se violentaban porque los atacaban y que no serían tan violentos si los dejaban producir y exportar la droga.

El modelo conocido como gobernanza criminal nunca dio resultado en ninguna parte del mundo. Los operadores de narcotráfico al final de cuentas usan la violencia para mantenerse, para controlar territorios y para fijar sus líneas físicas frente a otros cárteles.

Hay actividades públicas que solamente se comprueban en los hechos. Las cifras delictivas derivadas del narcotráfico crecieron en el sexenio pasado.

La presidenta Sheinbaum parecía estar convencida de continuar el modelo de López Obrador, pero las presiones estadounidenses la llevaron a realizar actividades operativas contra algunos grupos de los principales cárteles y en los últimos cuatro meses ha aumentado la violencia de narcotráfico contra las autoridades de seguridad.

La estrategia de López Obrador permitió el fortalecimiento y la expansión de los cárteles, cuando se esperaba que no se atacara a balazos a los delincuentes, pero que tampoco se les abrazara para permitirles su consolidación. Las autoridades fallaron en elaboración de averiguaciones previas y desarticulación judicial de los liderazgos criminales.

El fortalecimiento de las bandas del narco desde 1984 en que aparecieron el fin de semana pasado han mostrado que los cárteles no garantizaron la estabilidad territorial sino que expandieron su poder de fuego contra la sociedad.

Y en este punto nos encontramos.

 

Zona Zero

  • El ataque contra un grupo de entrenadores de seguridad vinculados a la embajada de Estados Unidos en México y el saldo sangriento en Tlaquepaque, Jalisco, debería llevar a una reunión de emergencia entre los dos países para redefinir una estrategia coherente contra los cárteles en guerra entre sí, contra la sociedad y también contra las autoridades. Aunque no se quiera reconocer, se debe partir del hecho de que estamos en una narcoguerra 2.0.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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