Ante la subordinación política estadounidense al poder de los fabricantes y comerciantes de armas de fuego, México -vía el canciller Marcelo Ebrard Casaubón- presentó una demanda contra 11 empresas armamentistas por sus “prácticas comerciales negligentes” que han causado la muerte de mexicanos en Estados Unidos.
El mensaje de México es claro: la violencia criminal fuera de EU tiene culpabilidades internas.
En escenario paralelo y vinculatorio, el presidente Joseph Biden asumió la argumentación de Ebrard de que el atentado violento contra mexicanos en El Paso, Texas, hace dos años, había sido un acto de terrorismo interno y en consecuencia ya aprobó una directiva de seguridad nacional para priorizar los actos internos que buscan provocar el terror por parte de grupos conservadores vinculados a corrientes anti migrantes.
México le ha puesto cinco cascabeles al gato de la seguridad nacional estadounidense: la demanda contra fabricantes de armas, las nuevas reglas para controlar de manera estricta agentes de operaciones extranjeras en México, la suspensión definitiva de la iniciativa Mérida, las presiones para frenar el contrabando de armas que permiten las autoridades fronterizas estadounidenses y las constantes denuncias de que el narcotráfico mexicano depende de la demanda de droga de los adictos de EU.
La demanda mexicana en una corte de Boston contra fabricantes de armas se basa en criterios de otras demandas en EU en el sentido de que hay una responsabilidad-culpabilidad de los fabricantes que construyen armas que van destinadas a la comunidad civil y que han provocado las constantes matanzas en escuelas y condados. El Gobierno de Biden está obligado a acompañar la denuncia mexicana y a utilizarla cómo factor de presión contra el tráfico interno de armas que no ha sido atendido por las autoridades institucionales.
Zona Zero
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La otra denuncia mexicana sobre el tráfico de armas que cuenta con el apoyo institucional de funcionarios de las distintas oficinas y agencias estadounidenses tendría también que ser procesada en tribunales civiles para obligar al Gobierno estadounidense aceptar que el contrabando de armas que fortalece a las bandas delictivas mexicanas es de corresponsabilidad institucional de la Casa Blanca.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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