La celebración, el próximo domingo, de dos años de la victoria electoral de 2024 y ocho años del arribo de Morena al poder estará opacada por el debate in crescendo en Estados Unidos contra la contaminación de la política mexicana por el narco, pero con el dato más contundente de un expediente de extradición contra un gobernador y nueve coacusados.
El tema no se agota en una sola exigencia de pruebas –desde luego que a gusto de la parte afectada– ni en el cumplimiento estricto de las reglas del Tratado de Extradición EU-México que aquí tiene carácter de ley obligatoria.
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El asunto más grave ha recordado el hecho de que internamente y desde hace muchos años –desde 1984, para ser exactos– han proliferado señalamientos, acusaciones y evidencias de que el narcotráfico comenzó con una pequeña banda de mariguaneros en Guadalajara y hoy constituye un andamiaje de alrededor de 15 organizaciones delictivas con capacidad de fuego y personal penetrando no sólo el ambiente de la delincuencia sino las estructuras gubernamentales y de la sociedad.
Ahí está el problema: el Gobierno mexicano por supuesto que no quiere entender las evidencias de la narcoviolencia, pero ya forma parte del cuerpo narrativo e institucional de las principales dependencias en las oficinas de la Casa Blanca.
La argumentación de la solicitud de arresto con fines de extradición del hoy exgobernador Rocha Moya y nueve funcionarios del Gobierno de Sinaloa se interpreta al gusto de quien la lea: para muchos sí cumple con los requisitos legales de elementos probatorios de la narcopolítica, pero a nivel pericial el Gobierno mexicano califica a su modo y a su uso como insuficientes.
La narcopolítica estará presente en el ecosistema político de los acarreos de todos los partidos políticos y la reunión del próximo domingo en el Monumento a la Revolución se entenderá como una celebración triunfalista, a pesar de que el clima bilateral esté anunciando que vienen otras solicitudes de extradición contra otros importantes funcionarios.
Zona Zero
- Los dos años de la victoria electoral de junio del 2024 tiene una parte de buenas noticias en materia de seguridad pública en delitos del fuero común y sobre todo en el tema de los homicidios dolosos. Pero importantes espacios de la soberanía territorial del Estado siguen en poder de bandas del crimen organizado en áreas municipales, estatales y no pocas federales. Los cárteles del narcotráfico siguen siendo el problema número uno de seguridad en la República.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh