Los más interesados en acudir al Congreso a precisar el caso Culiacán deberían ser los miembros del gabinete de seguridad, porque las confusiones están enviando mensajes equivocados.

En el mando militar hay una frase que resume a urgencia de clarificar operativos: orden más contraorden igual a desorden.

El operativo de Culiacán se salió del esquema estricto definido en la estrategia nacional de seguridad pública de no perseguir capos porque generarían violencia. Fue, se dijo con claridad, el error de las estrategias de Calderón y Peña Nieto.

Hoy se deja saber que el caso Culiacán podría ser el regreso a ese modelo que no dio resultados. O a lo mejor los analistas están leyendo mal y podría ser que Culiacán fue un error.

En materia de seguridad no hay nada mejor que la precisión de objetivos, instrumentos y decisiones. No se tiene claro por qué uno de los hijos de El Chapo que carece de liderazgo real quiso ser detenido y no se entiende por qué el gobierno de los EU lo quiere extraditar.

El modelo de seguridad del Gobierno del presidente López Obrador era muy claro: abandonar el camino de la guerra y construir el camino de la paz. Pero el intento de arrestar a un capo menor podría estar metiendo al país en una guerra porque Culiacán podría ser también un mensaje a otros capos del crimen organizado que van a vender cara y violenta su derrota.

La estrategia central de la política de seguridad la lleva el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México proveen la estructura de fuerza y la experiencia en operativos. Pero la seguridad pública es una función civil.

De ahí que el más interesado en explicar lo ocurrido y volver a delimitar la estrategia sería Durazo, sobre cuyo cargo están cayendo toda la crisis de comunicación en materia de seguridad.

Zona Zero

EU está desarrollando presiones para quedarse con propiedades y recursos de cárteles mexicanos. Quieren los millones de El Chapo y van sobre las propiedades de Rafael Caro Quintero. Ambas fortunas se encuentran en México y el Gobierno mexicano no ha aclarado si tiene algún interés por esos recursos que podrían servir para políticas sociales.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.