Desde las elecciones presidenciales de 1994, y con mayor intensidad desde las votaciones de 2018, se hicieron advertencias muy claras de que el crimen organizado, en sus diferentes variantes, se había involucrado ya de manera directa en procesos electorales municipales, estatales y federales, pero ninguna autoridad judicial o electoral se dignó hacerles caso.
Y hoy se están pagando las consecuencias, cuando menos a nivel municipal: alcaldes que fueron impuestos por el crimen organizado para controlar partes de la soberanía territorial del Estado, gobernadores —como el sinaloense Rubén Rocha Moya que aceptó de manera sorprendente que había pactado con el Cártel de Sinaloa su elección— y las sospechas de que grupos delictivos influyeron en elecciones presidenciales de manera indirecta y sólo desde sus territorios locales.
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El asunto se complica más con los datos que se acumulan de autoridades municipales que son agredidas a balazos, asesinadas y amenazadas por grupos delictivos que desde hace tiempo tomaron el control territorial y de estructuras de gobierno en los espacios de entidades donde dominan los intereses de los cárteles del crimen organizado, el contrabando, de los delitos cotidianos y del narcotráfico.
Y ahora las autoridades federales no solamente no se dan abasto para atender las situaciones de temor ya no solo de sociedades locales sino de autoridades municipales que aparecen amenazadas por los malandrines que controlan municipios enteros.
Lo que debe quedar claro es que se les advirtió a tiempo a las autoridades electorales —sobre todo a Lorenzo Córdova y a Guadalupe Taddei— que los delincuentes estaban influyendo en elecciones locales, pero prefirieron mirar hacia otro lado y no hicieron caso.
Ahora a las autoridades judiciales federales les tocará la responsabilidad de tapar el pozo después de muchas autoridades municipales ahogadas, aunque en materia de seguridad nunca es demasiado tarde.
Zona Zero
- El incremento de la violencia delictiva en México debe tener una explicación en un hecho incontrolable: la ofensiva de EU contra cárteles del narcotráfico y la disminución de los flujos de droga a territorio americano están obligando a las bandas organizadas nacionales a mantenerse dentro del territorio mexicano y pelear la distribución de droga entre el creciente número de consumidores nacionales. Y este dato debe servir como advertencia de un nuevo ciclo de incremento en la violencia delictiva como parte de la disputa por espacios territoriales.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh