A partir de las evidencias filtradas por el Gobierno de Estados Unidos de que el expediente del hoy exgobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, y nueve coacusados es uno de muchos y que el presidente Donald Trump dio instrucciones precisas para hacer otras solicitudes de arresto con fines de extradición de figuras del morenismo lopezobradorista, desde ahora hay que prever que la aprehensión, entrega o desaparición física del mandatario de Sinaloa no será el punto al final de las intenciones de la Casa Blanca.
Desde la campaña presidencial de 2024, Donald Trump se aferró hasta de manera necia al argumento de que México era un narcoestado y que el sistema político mexicano estaba controlado por bandas del narcotráfico y del crimen organizado. Y apenas tomó posesión de su segunda presidencia, decretó como narcoterroristas a seis cárteles mexicanos.
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El liderazgo político de Morena -López Obrador, la candidata y Presidenta y la élite que tiene el control de las estructuras de Gobierno- desdeñaron el acoso de Trump y nunca se preocuparon por instrumentar alguna reorganización que depurara cuando menos durante el primer año del segundo período a las figuras cuyos nombres se fueron filtrando de manera intencionada desde Washington.
De las reacciones de López Obrador a las acusaciones de Trump se tienen sólo percepciones a trasmano o interpretadas o filtradas con desdén, pero lo cierto es que ninguno de los señalados desde la Casa Blanca se preocupó por lo que pudiera venir. El nombre más insistente desde entonces fue el de Rocha Moya, a partir inclusive de los capos de las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa que están presos en Estados Unidos y que negociaron condiciones de vida a cambio de información.
No se sabe si por soberbia o por suficiencia o por el estilo del me importa poco del mexicano, el caso fue que Rocha Moya fue reconfirmado en el poder por la presidenta Sheinbaum Pardo.
Y hoy se pagan las consecuencias con agresiones a la soberanía.
Zona Zero
- No se necesitan invocar fuentes clandestinas o supuestos informes de seguridad, pero en Palacio Nacional y en Palenque han tenido los nombres precisos de presuntos señalados por Washington como narcopolíticos. Y nada se hizo en los días previos al pasado 29 de abril y tampoco se tomaron decisiones de seguridad nacional después de la recepción del documento de arresto con fines de extradición para depurar de manera apresurada a los políticos mencionados en las narcolistas. Ahí no fue un error de seguridad nacional sino un pecado de soberbia.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh