La decisión de la Suprema Corte de revertir la adscripción de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional colocó el tema de la seguridad como uno de los más importantes en la agenda de definición del candidato presidencial de Morena.
Y en el corto plazo, la decisión de la Corte debe conducir a un debate nacional sobre la caracterización de la inseguridad, la violencia y las estructuras delictivas. El espacio de decisión de la Corte fue muy estrecho: determinar sólo si había elementos de inconstitucionalidad en el envío de la Guardia a la Sedena.
Pero corresponderá a las instituciones y a los funcionarios en los sectores de toma de decisiones caracterizar el grado de organización de los grupos delictivos y determinar si la inseguridad es un asunto de policías y ladrones o un caso concreto de nuevos paradigmas en la conceptualización de la seguridad.
El Gobierno del presidente López Obrador ya no tiene tiempo ni circunstancias para replantear su estrategia de seguridad y tendrá que darle a la Guardia una caracterización civil, aunque con evidencias concretas de que todas las estructuras civiles de seguridad han sido rebasadas, corrompidas o desvirtuadas por el poder económico y de violencia del crimen organizado.
En este contexto, el tema de la seguridad se convirtió en asunto central a discutir entre los precandidatos presidenciales de Morena, porque, además, el gobierno actual dejará muchos hilos sueltos en esa materia que requerirán nuevas definiciones y mayores decisiones estratégicas.
Las tres corcholatas oficiales y la cuarta que viaja de mosca tienen entre sus funciones actuales el tema de seguridad y el país necesita conocer qué harían si llegarán a la presidencia.
Zona Zero
- Las actividades de la DEA al margen de las reglas establecidas en la ley mexicana de Seguridad Nacional vienen de muy atrás, pero debieron de haber sido ajustadas a las nuevas reglamentaciones y controles de la reforma promovida por el canciller Marcelo Ebrard a partir de diciembre de 2020, para sujetar a esa agencia a reglas estrictas o ejercer el derecho mexicano de suspender colaboraciones, anular autorizaciones o negar permisos. Pero la DEA operó en estos dos años y tres meses violando la ley mexicana.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
