Mientras el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ingresaba al reclusorio por una puerta, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, salía en libertad por otra, dejando en ambos casos demasiadas suspicacias respecto a uno de los graves problemas de Estado en México: la politización de la justicia.
Las razones políticas han convertido al sistema mexicano de justicia en una puerta giratoria donde entran unos y salen otros para entrar otros y salir unos y, al final, nunca cumplir con el objetivo central de un acto de justicia: castigar los delitos definidos en el Código Penal.
A partir de la declaración formal de que el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”, la autoridad ejerció su poder para arrestar al procurador general encargado de la investigación acusándolo solo de tortura a los presuntos miembros de un grupo criminal el narcotraficante que secuestró a los jóvenes, los asesinó y los desapareció.
En este contexto, la actual autoridad política y judicial realizó una caracterización de enorme peso político al señalar que los jóvenes fueron asesinados por el Estado, pero liberar órdenes de aprehensión contra una larga lista de funcionarios judiciales solo con el cargo, en el mejor de los casos, de encubrimiento.
Lo que los padres de los estudiantes exigen es la aclaración de los responsables directos del Estado en el asesinato y la aparición de los jóvenes o sus restos. Como no hay ninguna prueba de que algún funcionario del Estado haya dado la orden de asesinato, entonces no debe tardar en darse la liberación del exprocurador para llevar su caso en prisión domiciliaria.
El saldo del caso de los 43 fue político y no judicial.
Zona Zero
- La petición formal de algunos grupos mexicanos para caracterizar la violencia de las bandas delictivas en los últimos días como terrorismo o buscar que se decrete la condición de un conflicto armado interno no tendrá ningún carril oficial de procesamiento, porque los perpetradores de los actos delictivos no representan ninguna propuesta revolucionaria para el ejercicio de la vía armada y solo han defendido sus negocios delictivos de tráfico de drogas, cobro de derecho de piso, extorsiones, venta de protección y delitos adicionales tipificados con claridad por el Código Penal.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
